El Consejo Nacional Electoral instaló la misión de observación internacional más grande en la historia electoral del país, con 1.500 delegados desplegados para la segunda vuelta presidencial, según reportó El Colombiano. La sola dimensión del despliegue, con presencia de la Unión Europea, Transparencia Electoral, el Instituto Carter y delegaciones de Argentina, Australia, El Salvador, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ve afuera que adentro no alcancemos a ver?
La convocatoria misma, por su tamaño, parece diseñada para disipar prevenciones que una segunda vuelta rutinaria no debería despertar. La Organización de los Estados Americanos confirmó un monitoreo preventivo que se extiende más allá de la jornada, con delegados ya en 26 departamentos y Bogotá, bajo la conducción del expresidente dominicano Leonel Fernández como jefe de la Misión de Observación Electoral. La MAPP/OEA, por su parte, mantendrá su seguimiento a las dinámicas de violencia y seguridad territorial, un recordatorio de que en varias zonas del país el voto todavía se ejerce bajo presiones que no deberían existir en una democracia consolidada.
El presidente del CNE, Cristian Quiroz, describió la jornada, en palabras recogidas por El Colombiano, como un espacio de cooperación al servicio de la democracia y la transparencia. La descripción es correcta, pero también constituye un llamado a respetar los resultados, formulado desde el lenguaje institucional. El pronunciamiento de Proantioquia y de figuras como el constitucionalista Mauricio Gaona, la actriz Paola Turbay y la deportista Sofía Gómez Uribe apunta en la misma dirección. Según El Colombiano, Gaona sostuvo que el presidente se elige en las urnas y solo mediante el voto. Gómez Uribe agregó que votar es más que marcar una casilla, y que el desacuerdo debe resolverse desde el respeto. No son consignas neutras; son advertencias de que en Colombia, a casi dos décadas del proceso de desmovilización de las AUC, el respeto al veredicto electoral todavía no se da por descontado.
La Bitácora ha sostenido de forma consistente que la legitimidad democrática se construye antes y después de la jornada, no solo el día de los comicios. Eso implica tres responsabilidades concretas. La primera es del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría: garantizar escrutinios públicos, auditables y transmitidos en tiempo razonable, con transmisión de formularios E-14 y consolidación rápida en el preconteo. La segunda es de las campañas y sus comandos: aceptar los resultados oficiales una vez concluidos los conteos, y canalizar cualquier observación por las vías institucionales, no por la plaza pública. La tercera es de los medios: reportar con cifras, no con relatos, y resistir la tentación de convertirse en tribuna de cualquiera de los dos bandos.
Colombia llega a esta segunda vuelta con dos proyectos diferenciados, con Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda como contendientes según el registro de El Colombiano. La competencia está planteada, y las reglas existen. Lo que falta es que el resultado se procese con la madurez institucional que el país necesita para los próximos cuatro años.
Que 1.500 observadores extranjeros tengan que estar sobre el terreno dice menos de ellos y más del momento que atraviesa la política colombiana. Es un seguro útil, pero un seguro no es salud institucional. La salud se medirá el domingo en la noche, cuando se conozcan los números y cuando ambos comandos se pronuncien con una sola frase: ganó quien ganó, y el próximo presidente asume el 7 de agosto.