Se cumplen diez días del asesinato del periodista judicial Cristian Herrera y la investigación avanza por una sola vía: la de los ejecutores materiales. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra John Duque Andrade, conocido como “Alias Demonio”, señalado por la Policía Metropolitana de Cúcuta como el sicario que disparó contra el comunicador. En la misma decisión fueron cobijados Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo, quienes habrían realizado el seguimiento previo a la víctima. Las audiencias concentradas se reanudan esta semana en el Palacio de Justicia.
Lo que el expediente no muestra aún es más relevante que lo que muestra. La Fiscalía no ha formulado imputación por la autoría intelectual del crimen, según lo reportado por Caracol Radio. Esa ausencia no es un detalle procesal menor: en los crímenes contra periodistas, la cadena de mando suele ser el verdadero objeto de investigación. Sin autor intelectual identificado, las condenas que eventualmente se dicten tendrán un alcance acotado y dejarán abierta la pregunta sobre quién ordenó el homicidio y por qué.
El caso revive una alerta que el país conoce de memoria. Colombia ocupa desde hace años los primeros lugares en los registros de prensa libre de Reporteros Sin Fronteras y de la Fundación para la Libertad de Prensa. Cada asesinato de un periodista activa el mismo protocolo institucional: comunicados de rechazo, reuniones de la Fiscalía con directivos de medios, promesas de protección reforzadas. Lo que no se ha modificado es la tasa de esclarecimiento. La impunidad en homicides de periodistas ha sido documentada reiteradamente por la FLIP y, según los reportes disponibles, supera el 70 por ciento en la última década.
Hay un elemento adicional que merece atención. Herrera cubría la rama judicial en Cúcuta, una plaza donde confluyen narcotráfico, contrabando y disputas entre estructuras armadas por el control de la frontera. Un periodista que cubre esos temas no es un blanco accidental. La línea entre la labor informativa y la afectación de intereses de organizaciones criminales suele ser directa. Esa condición obliga a la Fiscalía a agotar todas las líneas, incluidas las que conduzcan hacia estructuras de poder regional, no solo hacia los autores materiales.
La medida de aseguramiento contra los tres presuntos partícipes es un paso procesal correcto, pero insuficiente. Las audiencias concentradas de esta semana deberían servir para que el ente acusador precise la teoría del caso, individualice responsabilidades y, sobre todo, responda la pregunta que el país lleva diez días formulando: quién decidió matar a Cristian Herrera. La respuesta no puede reducirse a la captura del sicario. La autoría intelectual es la que define si la justicia llegó o si el expediente se cerró en el eslabón más visible pero menos determinante de la cadena criminal.