A tres semanas de la posesión presidencial del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella confirmó la designación de Alexandra Falla Zerrate como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El anuncio, hecho a través de redes sociales, completa un casillero clave del gabinete y acerca al presidente electo a cumplir la paridad de género exigida por la ley en la conformación ministerial.
La designación llega con un encargo explícito: ejecutar la promesa de campaña de “modernización tecnológica del Estado y fortalecimiento de su capacidad digital”, según reportó Cambio Colombia. Es la misma línea que el gobierno electo ha repetido desde el cierre de la campaña de 2025, cuando la transformación digital del aparato público se convirtió en uno de los ejes discursivos frente a un electorado que viene exigiendo servicios más ágiles y menos tramitadores.
Falla es comunicadora social. Hasta ahora no se conocen en detalle los cargos técnicos que haya ocupado dentro del sector de tecnologías de la información, las telecomunicaciones o la regulación de contenidos digitales. Esa ausencia de trayectoria pública verificable en el sector es, justamente, el primer dato que cualquier columnista debe registrar antes de celebrar o cuestionar el nombramiento. La cartera TIC no es una dirección de comunicaciones: administra el espectro radioeléctrico, vigila a los operadores de telecomunicaciones, ejecuta los planes de conectividad rural y diseña la política pública de inteligencia artificial, entre otras funciones. Quien llegue a ese despacho debe poder leer un informe de la CRC, entender un proceso de subasta de espectro y defender técnicamente un proyecto de ley ante el Congreso.
El gobierno electo presentó el nombramiento con un video elaborado con inteligencia artificial en el que la funcionaria designada ingresa a la Casa de Nariño acompañada de un tigre, el mismo recurso visual que se ha utilizado para presentar a otros miembros del gabinete. La pieza es llamativa, pero no sustituye al perfil técnico. Un ministerio que debe negociar con operadores como Claro, Movistar y Tigo, y con plataformas globales que regulan contenido, requiere algo más que una buena producción audiovisual.
Hay tres preguntas que el país necesita respuesta antes del 7 de agosto. Primera: cuál es la hoja de ruta concreta para la modernización del Estado que Falla ejecutará, con metas verificables y cronograma. Segunda: cómo se articulará esa agenda con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que comparte competencias sobre industria creativa y economía digital. Tercera: cuál será la posición del nuevo ministerio frente a la regulación de plataformas, protección de datos y despliegue de redes 5G, temas que llevan meses sin definiciones claras desde la administración saliente.
La paridad de género en el gabinete es un avance que merece ser subrayado, no como concesión graciosa sino como cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y sus modificaciones. Pero la paridad no exonera al gobierno de acreditar idoneidad técnica. Un ministerio estratégico no puede convertirse en premio político para perfiles sin trayectoria sectorial; tampoco puede ser botín de cuotas. La modernidad del Estado se construye con capacidad instalada, no con videos.
Falla tiene menos de un mes para demostrar que entiende el cargo. La prensa, la academia y los gremios del sector —Asocel, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la CRC— deberán hacer su parte: exigir comparecencias, revisar las hojas de vida, publicar los contratos y los estudios previos de los proyectos que se pretendan ejecutar. La rendición de cuentas empieza antes de la posesión, no después.
Si el gobierno de De la Espriella quiere que la transformación digital sea algo más que un eslogan de campaña, el primer paso es transparente: publicar la trayectoria completa de la ministra designada, su plan de trabajo y los indicadores con los que se medirá su gestión. El país ya conoce el tigre del video. Ahora necesita conocer a quien lo acompaña.