La Aeronáutica Civil difundió este jueves un comunicado en el que reiteró su disposición a colaborar con los organismos de control frente a los cuestionamientos surgidos por las declaraciones de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, reproducidas por Vanguardia. Rodríguez sostuvo que Gabriela Muñoz habría ejercido una influencia superior a la de su cargo formal, un cargo de auxiliar 2, dentro de la entidad.
El pronunciamiento de la Aerocivil llegó horas después de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunciara públicamente, según reportó el mismo medio, que la información que ella misma solicitó llegó en un PDF incompleto. La ministra calificó esa respuesta como “una falta de respeto como ministra” y anunció que tomará las acciones correspondientes.
Cuando la jefa de la cartera rectora del sector transporte afirma públicamente que su entidad adscrita le entrega documentación incompleta, la cuestión deja de ser un asunto administrativo menor. La Aerocivil depende jerárquicamente del Ministerio de Transporte. Que la titular del ramo deba reclamarle a la entidad por la calidad de la respuesta es un dato verificable, fechado y atribuible, y pesa más que cualquier declaración de buenas intenciones.
La Aerocivil aseguró en su comunicado, reproducido por Vanguardia, que ningún servidor público de la institución goza de un trato diferenciado frente a la ley o ante las instancias de fiscalización, y que revisará los procesos cuestionados. También anunció que dará prioridad a la entrega de documentación a los organismos de control y que fortalecerá los mecanismos de acceso a la información y de contratación pública.
Las palabras del comunicado son impecables. Habrá que esperar a los hechos. Por ahora, lo único plenamente verificado es la afirmación de la ministra del ramo sobre la insuficiencia de la información recibida. Esa declaración, atribuible a una funcionaria de primer nivel y emitida en ejercicio de su cargo, constituye por sí misma un cuestionamiento al funcionamiento de la entidad.
En el centro de la controversia está la figura de Gabriela Muñoz. Muñoz anunció acciones judiciales contra quienes, según afirma, han difundido información falsa en su contra, y tiene derecho a defender su buen nombre. También tienen derecho a investigarla la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que son las instancias llamadas a establecer si hubo o no injerencia irregular en nombramientos o en decisiones adoptadas.
El expediente, según lo que reportó Vanguardia, incluye señalamientos sobre posibles nombramientos de familiares y sobre decisiones adoptadas por personas sin competencia formal para tomarlas. Se trata, por ahora, de afirmaciones realizadas por una exfuncionaria en una entrevista y de publicaciones en redes sociales, en particular del hilo difundido por Daniel F. Briceño, que según el mismo medio registró la fecha de ingreso de Muñoz a la entidad el 30 de mayo de 2025. La propia Rodríguez señaló la existencia de una supuesta “red de mujeres” con poder de decisión en distintas entidades, afirmación que, como recordó Vanguardia, “hasta el momento no ha sido corroborada por las autoridades”.
Cuando una denuncia de esta naturaleza proviene de alguien que dirigió el Dapre, ¿no debería el Gobierno responder con la misma transparencia que predica? La pregunta no busca prejuzgar: apunta a una pauta institucional.
La transparencia no se anuncia en comunicados. Se demuestra con documentos completos, oportunos y verificables. Si la ministra del ramo dice que le llegó un PDF incompleto, corresponde a la Aerocivil demostrar lo contrario con la entrega efectiva de la información, no con declaraciones de intenciones. Corresponde también a los organismos de control actuar antes de que el comunicado se enfríe y el expediente se archive, como suele ocurrir cuando las controversias se diluyen en el calendario político.
La diferencia entre este episodio y otros anteriores no está en la gravedad potencial de los hechos, sino en quién formuló la queja. Una ministra de Estado que reclama información incompleta a su propia entidad adscrita eleva automáticamente el caso al nivel de una cuestión de Gobierno. Ignorarlo sería, como mínimo, una desproporción.