Un concejal de Cali pidió al alcalde Alejandro Eder que suspenda su viaje a una cumbre en Singapur para permanecer en la ciudad mientras se investigan denuncias sobre un presunto plan de ataque coordinado de cara a la segunda vuelta electoral. La solicitud refleja tensión entre la gestión de seguridad local y los compromisos internacionales del mandatario.
Eder respondió que la Fuerza Pública está en capacidad de mantener el orden público sin su presencia física en la ciudad. El argumento del alcalde descansa en la profesionalización de los organismos de seguridad y en los protocolos ya activados. Sin embargo, el cuestionamiento del concejal toca un nervio político: en contextos electorales polarizados, la ausencia del jefe de gobierno puede leerse como indiferencia ante amenazas reales o como falta de liderazgo visible.
Lo que importa aquí no es solo la decisión logística sino el timing. Si las denuncias tienen sustancia —y eso requiere verificación— la opción de Eder es una apuesta a que las instituciones funcionan sin su supervisión directa. Eso es correcto en teoría institucional. En política electoral, donde la percepción importa tanto como los hechos, puede ser costoso. La pregunta que queda abierta es si esas denuncias de ataque coordinado tienen evidencia sólida o si son ruido electoral típico de campañas cerradas. Sin esa información, juzgar la decisión del alcalde es prematuro.