Verónica Alcocer confirmó desde su cuenta de X que abandonó Colombia el 6 de agosto, a pocos días de concluir el gobierno de Gustavo Petro. Atribuyó la salida a “compromisos personales agendados previamente” y aseguró que conserva tiquete de regreso. La explicación llegó después de que circularan versiones que vinculaban el viaje con la indagación preliminar que abrió la Fiscalía General de la Nación por los audios atribuidos a Eva Ferrer, exconsechera presidencial y antigua colaboradora de Alcocer.
Lo que se conoce hasta ahora es lo siguiente. La Fiscalía adelanta una indagación preliminar para establecer si los hechos mencionados en las grabaciones configuran algún delito y si hay mérito para avanzar a una etapa procesal posterior. No hay imputación de cargos ni sentencia. La indagación se concentra en verificar la autenticidad de los audios y el contenido de los señalamientos sobre presunto manejo irregular de recursos y contratación pública. La defensa de Alcocer, según reportó Publimetro, presentó un derecho de petición ante la fiscal general Luz Adriana Camargo para conocer oficialmente si existen investigaciones o indagaciones en su contra.
Alcocer sostuvo que “desde el inicio” se puso “a disposición de la justicia con transparencia”. No reveló destino ni fecha de retorno. El mensaje responde directamente a quienes especulaban con una salida definitiva del país ante el avance de las controversias judiciales.
Conviene leer el episodio con tres datos en la mano.
Primero, el momento. La salida ocurre en la recta final de la administración Petro, cuando el gobierno pierde capacidad de protección política y los expedientes abiertos en la Fiscalía suelen acelerarse. No es una imputación, pero sí es el instante en que una indagación preliminar deja de ser ruido periodístico y empieza a producir efectos prácticos.
Segundo, el origen de la noticia. Las grabaciones atribuidas a Eva Ferrer mencionan, según las versiones periodísticas, presuntas irregularidades en contratación y eventuales injerencias en Ecopetrol. El ex presidente de Hocol, según reportó Publimetro el 5 de agosto, habría señalado una presunta injerencia. Mientras la Fiscalía no se pronuncie sobre la autenticidad de los audios y el contenido de los señalamientos, cualquier conclusión anticipada es imprudente. Lo que sí corresponde es recordar que la contratación pública deja rastro documental: Secop I y Secop II registran cada proceso, cada proponente, cada adición. Si hay algo que verificar, está en los sistemas de compra pública.
Tercero, la forma de la respuesta. Alcocer no negó los audios ni entró en el fondo de los señalamientos. Se limitó a comunicar su viaje y a reiterar colaboración con la justicia. Esa estrategia procesal es legítima, pero deja abierta la pregunta central: ¿a qué se refería Ferrer en las grabaciones y por qué la Fiscalía abrió una indagación preliminar en lugar de archivar? La respuesta la tiene el ente acusador, no la primera dama saliente.
La separación de poderes exige que este tipo de controversias se tramiten donde corresponde: en la Fiscalía y, eventualmente, en los jueces. La opinión pública debe resistir la tentación de convertir una indagación preliminar en una condena anticipada, pero también la tentación simétrica de descalificar las grabaciones sin que nadie las haya verificado. El trabajo serio consiste en esperar los resultados de la indagación, exigir transparencia sobre el estado del expediente y, mientras tanto, registrar que la saliente primera dama salió del país en pleno procedimiento. El dato es el dato.