La noche del 12 de junio, a las 11:05, el Grupo Antiterrorismo de la Policía Nacional detuvo en el peaje de Flandes, Tolima, a Jhon Edison Chala Torrejano, conocido como alias Victor Chalá. Según reportó Publimetro el 13 de junio, la Fiscalía le formuló cargos en flagrancia por terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. En el mismo operativo fueron capturadas otras cuatro personas, a quienes se les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La imputación es una acusación del ente acusador, no una sentencia. El principio de presunción de inocencia y las reglas del debido proceso obligan a que cualquier declaración pública sobre responsabilidad penal espere a la etapa de juzgamiento, con contradicción probatoria y defensa técnica. La columna de hoy se mueve, por tanto, en el terreno de lo que la propia fuente periodística atribuye a las autoridades, sin atribuirle a nadie lo que la justicia aún no ha establecido.
El inventario decomisado, también reportado por Publimetro, incluye cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos del mismo calibre, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y siete celulares. La misma publicación señala que Chala Torrejano acumula cerca de una década de trayectoria criminal, con cercanía a alias Primo Gay, y que en 2024 habría ejercido como cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez, para ser designado en abril de 2026 como cabecilla de comisión armada en Briceño, Antioquia. De acuerdo con el medio citado, la captura busca afectar la capacidad operativa de la estructura 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia.
Tres preguntas técnicas quedan abiertas sobre el expediente. Primera, ¿qué evidencia documental y testimonial llevará la Fiscalía al juez de control de garantías para sustentar la autoría que le atribuye la Policía al capturado? Segunda, ¿qué lectura hace la investigación sobre la cadena de mando que, según la misma fuente, lo designó en abril en la misma zona donde se le sindica de ordenar acciones contra la prensa? Tercera, ¿cómo se articuló la inteligencia que permitió ubicarlo a cientos de kilómetros del área de operaciones que la fuente periodística le atribuye? Son interrogantes que el proceso deberá responder con prueba, no con declaraciones.
El caso se inscribe en un patrón más amplio. En los últimos días, según reseñó Publimetro, un juez dictó medida de aseguramiento contra presuntos implicados en el asesinato del periodista Cristian Herrera. La coincidencia geográfica no es menor: Antioquia, y en particular las subregiones donde las disidencias de las Farc mantienen presencia, concentra buena parte de los riesgos que enfrenta el periodismo regional, según los informes públicos que periódicamente difunden la Fundación para la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. La mayoría de esas agresiones, de acuerdo con los reportes citados, permanecen en la impunidad.
Para la institucionalidad hay tres tareas inmediatas. Primera, garantizar que el proceso contra Chala Torrejano y los cuatro capturados en el mismo procedimiento se tramite con todas las garantías del debido proceso y sin dilaciones indebidas. Segunda, fortalecer los esquemas de protección preventiva para periodistas que cubren zonas rurales de Antioquia y Tolima, articulando inteligencia entre el Gaula, la Sipol y la Fiscalía. Tercera, avanzar en la judicialización de la estructura 36 —golpeada por la captura, pero no desactivada, según el Gobierno— para evitar que la salida de un cabecilla derive en fragmentaciones que propicien nuevos liderazgos violentos.
La justicia tiene ahora la palabra. La detención de alias Chalá es un avance en el esclarecimiento del caso Mateo Pérez, pero la deuda con el periodismo regional sigue abierta y la próxima audiencia será la prueba de fuego.