La representante a la Cámara Claudia Romero denunció haber recibido una corona fúnebre en su domicilio, según reportó El Tiempo. El incidente representa un escalamiento en los métodos de intimidación contra congresistas y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para proteger a funcionarios electos que ejercen su función legislativa.
Las amenazas contra parlamentarios no son fenómeno nuevo en Colombia. Sin embargo, el carácter específico de esta intimidación —símbolos funerarios dirigidos al domicilio privado— sugiere una intención deliberada de traspasar las fronteras entre el espacio público de debate y la seguridad personal. Esto es relevante porque erosiona las condiciones mínimas para que un congresista pueda actuar sin temor.
Romero hizo un llamado explícito a las autoridades para que investiguen y garanticen su seguridad. La Fiscalía General de la Nación y las entidades de protección tienen la responsabilidad de determinar si existe un patrón organizado detrás de estos actos o si se trata de episodios aislados. La distinción no es menor: mientras que un acto aislado requiere investigación criminal, un patrón sugeriría una estrategia coordinada de silenciamiento que afectaría la institucionalidad democrática.
Desde la perspectiva editorial de este medio, la protección del funcionario público es un deber del Estado de derecho, independientemente de su filiación política o posición legislativa. La separación de poderes requiere que el Legislativo funcione sin presión externa. Cuando esa presión se ejerce mediante intimidación, el sistema se debilita.
Lo que corresponde ahora es que las autoridades competentes actúen con celeridad. Se requiere: primero, una investigación que identifique a los responsables; segundo, medidas de protección inmediatas; tercero, un reporte público sobre avances, para que no quede la sensación de que estos casos se archivan sin resolución. La impunidad en amenazas contra congresistas genera un efecto multiplicador: otros actores pueden interpretar que la intimidación funciona.
Romero señaló que no será silenciada. Esa declaración es importante porque reafirma su compromiso con el ejercicio del cargo. Pero el Estado no puede delegar en el valor individual de cada legislador la responsabilidad de garantizar su propia seguridad. Ese es un deber institucional.
La pregunta de fondo es si Colombia está en condiciones de permitir que la intimidación se convierta en herramienta política. La respuesta debe ser no. Y esa respuesta debe traducirse en acción investigativa, protección efectiva y rendición de cuentas.