La Procuraduría General de la Nación sancionó con diez días de suspensión en el ejercicio del cargo a la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y le abrió investigación disciplinaria. La medida, según reportó La Silla Vacía, se originó en la solicitud que la propia congresista radicó ante esa célula legislativa para separar al presidente Gustavo Petro de sus funciones.
En la ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, recogida por el mismo medio, el Ministerio Público sostuvo que la decisión de la Comisión “se adoptó sin la competencia y formalidades legales debidas” y que afectó derechos fundamentales derivados de la participación democrática del primer mandatario. La sanción tiene un alcance operativo limitado: las sesiones ordinarias del Congreso terminaron un día antes de la decisión, por lo que la curul permanecerá vacía durante el receso legislativo.
El procedimiento que dio origen a esta decisión había sido cuestionado desde sus primeros pasos. Según La Silla Vacía, en diez años ningún proceso en la Comisión de Acusaciones había avanzado hasta estas instancias, y en toda la historia republicana el Senado en pleno nunca ha resuelto sobre la continuidad de un presidente en ejercicio. El representante Hernán Cadavid, miembro de esa célula, explicó al mismo portal que el proyecto de auto de Arizabaleta solo será estudiado “en un futuro orden del día”, cuando se reactiven las sesiones.
A ese cuadro se suma otra pieza relevante. Arizabaleta ya fue denunciada por prevaricato ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La demanda fue interpuesta por Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, figura de la oposición al actual gobierno. El denunciante sustenta su escrito en la posible extralimitación de funciones de la representante, un argumento similar al que semanas después asumió la Procuraduría.
Desde Nueva York, el presidente Petro calificó la solicitud de “extorsión” y aseguró, según registró La Silla Vacía, que la representante “ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido”. Petro agregó que pedirá a sus ministros declarar bajo juramento ante la Corte sobre los supuestos pedidos. La hipótesis coincide, de acuerdo con el mismo medio, con la de un congresista de la Comisión que señaló que a Arizabaleta “le quedaron mal en el gobierno”. Son afirmaciones que, por ahora, no pasan de la declaración presidencial y la especulación parlamentaria, sin que se hayan presentado pruebas públicas que las respalden.
El episodio tampoco se entiende sin el contexto de la recta final de la campaña. El representante Agmeth Escaf también se encuentra suspendido por la Procuraduría, en un proceso originado en señalamientos sobre una presunta compra de votos en el Caribe y Antioquia. El candidato Abelardo De la Espriella hizo esas denuncias, pidió al subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, que investigara y recibió el respaldo de Washington, como reportó La Silla Vacía. En medio de esa controversia, Escaf profirió un insulto de género contra De la Espriella en Blu Radio y, según Blu Radio, anunció que no se retractará. Petro, por su parte, dedicó un apartado de su discurso ante la ONU a condenar al candidato, como registró La Silla Vacía.
Lo que queda a la vista es una cadena de decisiones que rozaron los límites institucionales. La Comisión de Acusaciones, diseñada para juzgar a presidentes en ejercicio, recibió una solicitud de suspensión tramitada, según la Procuraduría y la propia Corte Suprema, sin los requisitos formales exigidos. La respuesta disciplinaria del Ministerio Público, en cambio, se movió dentro de sus competencias. La denuncia penal en curso deberá definir si hubo o no prevaricato. En el ínterin, el Congreso cerró sesiones con una curul vacía, una investigación abierta y un debate electoral empañado por declaraciones cruzadas entre la Casa de Nariño, la oposición y un candidato que aspira a suceder al actual gobierno.
¿Salió fortalecida la institucionalidad con este episodio? La Comisión de Acusaciones acumula un nuevo antecedente de improvisación, la Procuraduría demostró que puede actuar con rapidez cuando lo considera necesario y la Corte Suprema tiene en sus manos la palabra definitiva sobre el eventual delito. Queda la tarea, para el próximo Congreso, de discutir si la célula legislativa que juzga al presidente necesita reglas más explícitas o si, simplemente, deben aplicarse con rigor las que ya existen.