En la madrugada del sábado 30 de mayo, pocas horas antes de que los colombianos acudieran a votar, desconocidos irrumpieron en la sede del Pacto Histórico ubicada en el barrio San Antonio de Cali. Los senadores Alexander López y Kevin Gómez, la representante Ana Erazo y la concejala María del Carmen Londoño denunciaron públicamente el suceso.
Según el comunicado de la colectividad, los asaltantes hurtaron documentos con información sobre control político e investigaciones en curso en la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. El Pacto Histórico añadió una inquietud adicional: desconocen si además del robo se instalaron dispositivos de escucha o vigilancia. Hasta el momento no hay confirmación oficial de las autoridades sobre lo ocurrido ni detalles de la investigación.
Los dirigentes calificaron el hecho como un “acto criminal” que vulnera la seguridad de su proyecto político y lo enmarcaron como posible intimidación electoral. El comunicado subraya la “profunda falta de garantías de seguridad” que la ciudad brinda en jornada electoral. Solicitaron a la Alcaldía de Cali que adelante investigaciones exhaustivas.
Sin embargo, la denuncia plantea varias incertidumbres: no se conoce si hay capturas de cámaras de seguridad, quién fue responsable, ni qué documentos específicos fueron robados. El Pacto Histórico sugiere la hipótesis de intimidación sin presentar evidencia directa de ese vínculo. La Fiscalía y la Policía aún no han emitido comunicados confirmando detalles del caso.
Lo que sí es verificable: un asalto a una sede política la víspera electoral genera preocupación legítima sobre seguridad institucional, independientemente de quién esté detrás. La investigación debe esclarecer si fue delincuencia común o un acto dirigido.