La Asociación Colombiana de Universidades emitió esta semana un comunicado en respuesta a cuestionamientos planteados por la senadora Aída Quilcué sobre el desempeño ético de algunas instituciones de educación superior. Según reportó Caracol Radio, ASCUN rechazó lo que consideró una generalización indebida y enfatizó la contribución histórica de las universidades al país.
El intercambio expone un desfase fundamental entre lo que se preguntó y lo que se respondió. No hay debate sobre si las universidades colombianas han formado profesionales que contribuyeron al desarrollo nacional. Eso es verificable. La pregunta de Quilcué era distinta: ¿cuentan algunas de estas instituciones con mecanismos robustos de formación ética y seguimiento cuando sus egresados incurren en delitos de corrupción?
ASCUN optó por la defensa retórica. Su comunicado insiste en que “la corrupción no se combate debilitando la confianza en la educación”, pero esto es un falso dilema que elide la pregunta incómoda. Fortalecer la confianza en la educación superior exigiría precisamente lo que no aparece en el pronunciamiento: datos públicos sobre auditorías internas, protocolos documentados de ética académica, y seguimiento institucional a egresados investigados o condenados.
La asociación menciona que las universidades son espacios de formación y pensamiento crítico. Correcto. Entonces surge una pregunta obvia que ASCUN no responde: ¿cuántos egresados de sus instituciones miembro han sido investigados o condenados por corrupción en los últimos diez años? ¿Cuál es el desglose por universidad? ¿Qué cambios curriculares en ética institucional se han implementado como respuesta a casos específicos? ¿Existen reportes anuales públicos sobre esto?
Esa información no consta en el comunicado. En su lugar hay apelaciones sobre “millones de familias” que ven en la educación un “camino de dignidad”. Es cierto que la educación transforma vidas. Pero la dignidad institucional no se defiende eludiendo preguntas sobre rendición de cuentas.
El problema estructural es que ASCUN agrupa a universidades públicas y privadas con realidades muy distintas. Algunas tienen controles internos documentados y robustos. Otras no. Algunas tienen egresados en cargos públicos de alto riesgo; otras no. Generalizar la defensa de “la universidad colombiana” como bloque monolítico es precisamente lo que permite que instituciones débiles en fiscalización se amparen en la reputación de las fuertes.
Una respuesta institucional creíble habría incluido: reconocimiento de que existen desafíos de formación ética en algunos espacios académicos; compromiso de auditorías independientes en universidades miembro; publicación de reportes anuales sobre egresados en investigaciones penales; y reformas curriculares verificables. ASCUN no ofreció ninguna de esas cosas.
Lo que se observa es una brecha entre la pregunta planteada y la respuesta ofrecida. En un contexto donde la confianza en instituciones públicas y privadas está erosionada, esa brecha es el verdadero problema. Las universidades no necesitan defensa retórica. Necesitan demostrar que sus mecanismos de formación ética funcionan, que sus egresados rinden cuentas, y que cuando fallan, hay consecuencias verificables.
Mientras ASCUN no ofrezca eso, cualquier crítica sobre corrupción en la academia seguirá siendo incómoda. No porque sea injusta, sino porque permanece sin respuesta.