El Ministerio de Salud prorrogó por un año más la intervención forzosa sobre Asmet Salud EPS mediante la Resolución Ejecutiva 239 de 2026, firmada el 11 de junio por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, según reportó Infobae Colombia. La medida, vigente hasta junio de 2027, afecta a más de 1,5 millones de afiliados, cifra que el propio Gobierno puso sobre la mesa al advertir que el levantamiento de la intervención podría comprometer la atención, de acuerdo con la misma fuente.
El texto de la resolución es prolijo en el lenguaje legal y parco en las decisiones de fondo. Reitera las fórmulas que habilitan la intervención: evitar que los recursos públicos se destinen a fines diferentes y establecer si la entidad debe liquidarse, recapitalizarse o someterse a otra operación. Lo que no precisa es cuál de esos caminos se proyecta para Asmet ni en qué plazos se evaluará. En la práctica, el documento aplaza la definición.
La situación territorial de la EPS fue expuesta por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, en entrevista con Caracol Radio reproducida por Infobae. El funcionario sostuvo que los promedios agregados de Asmet no permiten anticipar su viabilidad, mientras que el examen por regiones sí muestra contrastes: dificultades marcadas en Quindío y Risaralda, y un desempeño relativamente mejor en Nariño, Cauca y Caquetá. La superintendencia, según Infobae, está ajustando su metodología para incorporar el componente regional.
Esa lectura es consistente con lo que han mostrado los reportes de la Supersalud en los últimos años: hay EPS cuyo desempeño varía significativamente entre territorios, lo que vuelve inútil cualquier promedio nacional. El cambio metodológico es razonable, pero llega tarde. Si la unidad de análisis hubiera sido desde el inicio la región y no la EPS como bloque agregado, las decisiones de intervención y levantamiento habrían sido más quirúrgicas y menos dependientes de promedios que ocultan tanto crisis locales como experiencias razonablemente exitosas.
Durante la prórroga, Asmet Salud deberá seguir reportando información al Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales Fenix, bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. La interventora sustituta temporal, Jessica Milena Aguirre Santana, y la firma Nexia Montes & Asociados S. A., como contralora del proceso, quedan notificadas, de acuerdo con el texto de la resolución citado por Infobae. El esquema de control se mantiene, pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta pública.
Hay tres asuntos que el Ministerio y la Supersalud deberían responder con documentos, no con declaraciones. Primero, cuáles son los indicadores financieros, asistenciales y de satisfacción de usuario que sustentan la decisión de prorrogar y no de liquidar o capitalizar. Segundo, qué metas concretas se le imponen a la intervención durante los próximos doce meses, con fechas verificables. Tercero, cuál es el plan territorial para las regiones con peor desempeño, en particular Quindío y Risaralda, donde la propia superintendencia reconoció dificultades.
También queda pendiente el debate sobre la naturaleza misma de las intervenciones. La superintendencia reiteró, según Infobae, que la medida no equivale a una liquidación y que busca preservar la continuidad de la atención. La afirmación es correcta en lo jurídico, pero políticamente es un lugar común. Cuando una EPS acumula años bajo intervención forzosa, sin retorno a la operación normal ni liquidación, lo que se ha consolidado es un régimen de administración temporal que termina funcionando como un limbo regulatorio. ¿Tiene el Gobierno una fecha de salida para ese limbo, aunque la salida sea la liquidación?
Los afiliados de Asmet Salud necesitan certezas: saber quién les prestará el servicio, bajo qué condiciones y con qué red. Una prórroga de un año sin indicadores públicos, sin metas regionales verificables y sin un pronunciamiento explícito sobre la viabilidad financiera de la entidad, no es una respuesta. Es, en el mejor de los casos, una espera administrada.