El Ministerio de Defensa expidió el 13 de junio el Decreto 0603 de 2026, que ordena suspender operaciones militares ofensivas y de la Policía contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y crea una zona de ubicación temporal en Putumayo. Tres días después, Asocapitales respondió con un pronunciamiento que conviene leer con atención: no rechazó la vía del diálogo, pero le pidió al Gobierno condiciones concretas para avanzar.
Según reportó El País de Cali, Asocapitales recordó que las ciudades capitales siguen enfrentando violencia, narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento, y que este tipo de determinaciones deben contemplar el impacto sobre la seguridad territorial. El argumento es de orden práctico: cualquier decisión que suspenda el uso ofensivo de la fuerza pública en un departamento con presencia histórica de grupos armados altera el equilibrio de seguridad en las regiones vecinas. Putumayo no es una isla.
Sobre la CNEB, surgida de disidencias del antiguo Bloque Sur de las FARC, existen señalamientos públicos de la Defensoría del Pueblo y de la Fuerza Pública por su papel en la cadena del narcotráfico y en la financiación de economías ilegales en la frontera con Ecuador. Que el Gobierno la haya reconocido como interlocutora en una mesa de diálogos no convierte automáticamente a sus integrantes en fuerza política legítima: los convierte, en el mejor de los casos, en contraparte de una negociación que debe demostrar resultados antes de cualquier cesión operativa de la Fuerza Pública.
Aquí aparece el punto que Asocapitales puso sobre la mesa y que merece subrayado. El decreto suspende operaciones ofensivas y crea una zona de ubicación temporal, pero el texto conocido no precisa con detalle los mecanismos de monitoreo, los plazos de verificación ni las consecuencias por incumplimiento. La política de paz puede ser una política de Estado, pero no puede ser un cheque en blanco. La experiencia reciente de los acuerdos de 2016 dejó lecciones que están en los informes de la Misión de Verificación de la ONU y en los registros de la Jurisdicción Especial para la Paz: los compromisos deben escribirse, medirse y sancionarse. Sin verificación independiente, la suspensión de operaciones se convierte en una tregua unilateral del Estado.
El pronunciamiento de Asocapitales tiene además un valor institucional que conviene no subestimar. La asociación agrupa a los alcaldes de las principales ciudades del país, que son la primera línea de respuesta ante cualquier deterioro de orden público. Cuando los mandatarios locales piden coordinación, ¿están politizando el debate o reclamando un derecho que les asiste? La seguridad no se delega; se construye con los territorios o no se construye.
La construcción de paz, según Asocapitales, requiere legitimidad, confianza institucional y garantías para los ciudadanos. Esa frase debería ser el punto de partida del decreto, no una observación posterior. Si el Ministerio de Defensa pretende avanzar con el proceso de la CNEB, tiene en su mano responder con hechos: un protocolo público de verificación, una comisión de seguimiento con presencia de la Defensoría y de los gobiernos locales, y un cronograma con consecuencias por incumplimiento. Lo contrario es pedirle a las ciudades capitales que confíen sin que el Gobierno se moleste en mostrar las reglas del juego.
La paz negociada es una herramienta legítima de la Constitución. Pero toda herramienta requiere un manual de uso. Asocapitales acaba de pedirlo en voz alta.