El lunes 10 de agosto, antes de las cuatro de la tarde, Sergio Andrés Olaya Silva —conocido como ‘Supermán’— circulaba por el Anillo Vial Occidental de Cúcuta en una camioneta Toyota Hilux blanca, acompañado por su esquema de seguridad. Decidió tomar un atajo: la trocha Cormoranes. Un motociclista se emparejó al costado derecho del vehículo y disparó en repetidas ocasiones. El primer proyectil impactó en el abdomen de Olaya; cuatro balas quedaron alojadas en la puerta trasera derecha y otras tres atravesaron el parabrisas trasero, según el reporte publicado por La Opinión de Cúcuta.
El conductor aceleró y logró sacar el vehículo de la zona de tiroteo. El herido fue trasladado a la Clínica Medical Duarte, donde permanece bajo atención médica. Hasta el cierre de esta columna, el parte oficial no había precisado la gravedad de las lesiones.
El alcalde Jorge Acevedo rechazó el atentado en su cuenta de X y anunció que impartió instrucciones a las autoridades competentes para esclarecer los hechos. La frase —“en Cúcuta no permitiremos que la violencia pretenda sembrar miedo”— se repite en comunicados de mandatarios locales cada vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. La reiteración, lejos de ser un consuelo, es un termómetro del problema.
Olaya se hizo visible en la ciudad por una labor que el Estado debería ejecutar: tapar huecos en la malla vial. Esa tarea, convertida en personaje público bajo la figura del superhéroe, lo llevó a candidatearse al Concejo Municipal. Las autoridades, según reportó La Opinión, indagan si sus denuncias y su trabajo comunitario habrían motivado el ataque, o si se trata de otro móvil. Esa distinción es clave: un atentado contra un líder social activa rutas de protección y competencias específicas de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía; un ataque con otro origen exige líneas investigativas distintas. Mientras no se esclarezca el móvil, ambas hipótesis deben explorarse sin descartar ninguna.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión estructural de Cúcuta: la presencia de trochas urbanas por donde la delincuencia opera a plena luz del día, con armas de fuego y contra vehículos en movimiento. La trocha Cormoranes no es un camino rural improvisado; es una vía que comunica sectores de la ciudad y que, según el propio relato del hecho, fue utilizada por un esquema de seguridad como ruta alterna. Cuando las trochas se vuelven atajos para ciudadanos con escolta, el problema dejó de ser de orden público y se convirtió en un asunto de diseño urbano y de soberanía territorial.
También merece atención la respuesta institucional. La Opinión registró que el caso quedó en manos de las autoridades y que avanza la investigación. La Bitácora consultará los avances de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Cúcuta para dar seguimiento al expediente. Esclarecer este atentado no es solo un deber con la víctima: es una prueba de si el Estado tiene capacidad efectiva de proteger a quienes ejercen liderazgo social en zonas donde la institucionalidad llega tarde y mal.
Cúcuta acumula hechos de violencia que los medios locales documentan con rigor y que el país central suele olvidar a las 48 horas. ‘Supermán’ no vestía capa: cargaba un balde de asfalto y una denuncia permanente. Que haya sido atacado por tomar un atajo dice menos del atajo y más del camino principal.