El concejal de Santa Marta José Alfredo Ordóñez, conocido como ‘El Cura’, resultó ileso de un atentado con arma de fuego perpetrado este viernes en el sector rural de Puerto Mosquito. Según reportó Caracol Radio, varios hombres armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo del cabildante y dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor. El sistema de blindaje de la camioneta impidió que los proyectiles alcanzaran a los ocupantes.
El episodio no es un hecho aislado. En la misma jornada, Caracol Radio informó sobre la captura de alias ‘Jesu’, señalado como componente financiero de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), estructura que opera en zonas rurales del Magdalena. La coincidencia temporal entre ambos hechos no permite, por sí sola, establecer una conexión, pero sí ilustra la presencia activa de grupos armados en el área donde se mueve el concejal Ordóñez.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene bajo su responsabilidad los esquemas de seguridad de los servidores públicos electos en zonas de riesgo. El caso de Ordóñez plantea al menos dos preguntas que el Gobierno nacional debería responder con documentos, no con declaraciones: primero, qué nivel de riesgo tenía asignado el cabildante antes del atentado y si las medidas correspondían a esa categorización; segundo, si el blindaje del vehículo fue instalado como parte del esquema institucional o como una decisión particular del concejal, porque la diferencia es relevante para entender qué falló en la cadena de protección.
La violencia contra líderes políticos locales en Colombia no se mide solo por los asesinatos consumados. Los atentados fallidos, como el de Puerto Mosquito, son un indicador temprano de la capacidad operativa de los grupos armados y de la vulnerabilidad de quienes hacen política en los territorios. La Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, ha señalado de manera reiterada la situación de riesgo en zonas rurales del Magdalena y de la Sierra Nevada, donde convergen disputas por rentas ilegales, control territorial y cooptación de la administración local.
Cuando un concejal sobrevive a un ataque de este tipo gracias al blindaje de su camioneta, el Estado no puede presentar el hecho como un éxito de su política de protección. El blindaje funcionó, sí, pero el ataque ocurrió. Eso significa que los anillos de prevención, inteligencia y reacción no operaron como debían. La Fiscalía y la Policía Nacional tienen ahora la responsabilidad de identificar a los autores materiales y de establecer los móviles. La UNP debe revisar de inmediato si el esquema asignado al cabildante es suficiente, y el Ministerio del Interior debe explicar por qué un concejal de Santa Marta se desplaza por una zona rural sin un dispositivo de seguridad que disuada un ataque.
La institucionalidad colombiana tiene instrumentos para investigar y proteger. Lo que se observa en Puerto Mosquito es que esos instrumentos, o no se activaron, o no fueron suficientes. Cualquiera de las dos hipótesis es grave y exige respuesta.