El sábado 13 de junio, un hombre en motocicleta interceptó el vehículo del excontralor distrital de Santiago de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, y le disparó en al menos una oportunidad. Uno de los proyectiles impactó en el hombro izquierdo. Ordóñez, que ejerció el cargo entre 2022 y 2025, fue atendido en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro, según reportó la Policía Metropolitana de Cali. La Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar al agresor.
El hecho no puede leerse como un episodio aislado. En las últimas semanas se registró el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, y denuncias de amenazas contra concejales de Cali, incluyendo un presunto plan para incendiar el recinto durante una sesión. La seguidilla de hechos configura un patrón que las autoridades locales y nacionales deberían estar caracterizando con nombres, cifras y trazabilidad, no solo con comunicados de rechazo.
Ordóñez ejerció funciones de control fiscal en una ciudad donde las denuncias por detrimentos al patrimonio público han sido recurrentes. Durante su gestión adelantó auditorías a entidades como Emcali y Metrocali, en las que se reportaron presuntas irregularidades por montos millonarios, según la información consignada por Infobae Colombia. Atacar a quien fiscaliza es atacar la función misma de control: si los contralores, personeros y concejales no pueden investigar sin exponerse a un disparo, el ciclo de la contratación opaca se cierra sobre sí mismo.
La recompensa anunciada por la Alcaldía es una herramienta legítima pero insuficiente. Veinte millones de pesos es una cifra comparable a la de cualquier recompensa urbana por delitos comunes; no refleja la gravedad institucional de atacar a un exfuncionario que ejerció control fiscal. La protección efectiva de quienes ocupan o han ocupado cargos de control requiere tres líneas de trabajo simultáneas: esquemas de seguridad individual evaluados por la Unidad Nacional de Protección con base en riesgo real, no en solicitud política; investigaciones penales que vayan más allá del autor material y lleguen a los determinadores; y publicación activa de los avances en la Fiscalía, para que la ciudadanía pueda verificar que el caso no se archivará.
El comandante operativo de la Policía Metropolitana, teniente coronel Carlos Latorre, confirmó que se desplegó un equipo especializado junto con la Fiscalía para esclarecer los hechos y rechazó “de manera contundente” la agresión. Hasta el momento, según la información disponible, las autoridades no han revelado hipótesis sobre los móviles ni sobre la posible participación de más personas. Esa opacidad inicial es comprensible en las primeras horas, pero no puede sostenerse: un atentado contra un excontralor exige una línea de investigación pública sobre sus actuaciones profesionales, no solo sobre la mecánica del disparo.
El Valle del Cauca atraviesa un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad para funcionarios públicos y líderes locales. Cuando la violencia alcanza a quien firma auditorías y a quien preside concejos, el mensaje que reciben los contratistas, los veedores y los periodistas que cubren la contratación es directo: el costo de fiscalizar se paga con plomo. La respuesta del Estado debe ser proporcional a esa amenaza, o el control fiscal en Cali seguirá dependiendo del coraje personal de cada contralor.