Un carro bomba detonado a escasos metros del Comando de Policía de Norte de Santander, al menos 16 rampas con explosivos lanzadas en simultánea y ráfagas de fusil disparadas contra unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmadt, desde la parte trasera del complejo. Siete uniformados fueron evacuados en la madrugada del sábado a la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, según reportó Caracol Radio. El área de la sede policial terminó envuelta en llamas mientras las propias unidades intentaban atender la emergencia bajo fuego.
La lectura política de un hecho de esta naturaleza no admite la solemnidad vacía. Tampoco admite el reduccionismo de quienes pretenden encuadrar cada atentado dentro del conflicto interno tradicional, como si el ELN, las disidencias o cualquier otra estructura criminal pudiera planear un ataque de esta coordinación logística sin que el Estado hubiera detectado, al menos, los movimientos previos.
Un comando departamental de policía no es un objetivo menor. Es el cerebro operativo de la fuerza pública en un departamento fronterizo, con vecindad directa con Venezuela, corredor histórico de contrabando, armas, combustible y grupos armados. La convergencia de tres modalidades de ataque —carro bomba, lanzamientos a distancia y fuego de fusilería— exige una fase de planeación que, según manuales de inteligencia militar y policial consultados en investigaciones previas sobre ataques similares, puede tomar semanas. La pregunta que el Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Policía deberán responder con cifras y no con comunicados es cuántos indicadores de alerta se cruzaron, cuántas alertas se emitieron y por qué ninguna se tradujo en medidas de protección del complejo.
El gobierno nacional ha sostenido que la política de “paz total” convive con operaciones ofensivas contra las estructuras que no demuestren voluntad de negociación. En la práctica, la doctrina se ha vuelto indistinguible: cuando se negocia, los atentados contra la fuerza pública se atribuyen a disidencias que el gobierno asegura combatir; cuando se combate, los atentados sirven como justificación para suspender la mesa. En cualquier escenario, lo que queda es una ciudad y un departamento a merced de quien tenga los medios para coordinar un ataque simultáneo con tres vectores de agresión.
Hay un componente institucional que no puede postergarse. La jurisdicción penal militar y la Fiscalía General de la Nación deberán concurrir en la investigación, y las primeras hipótesis sobre autoría —que esta columna no adelanta— deben trabajarse con evidencia balística, trazología de los artefactos y análisis de comunicaciones interceptadas, no con declaraciones políticas. Las condenas retóricas de las primeras horas suelen envejecer mal cuando los expedientes judiciales avanzan.
También merece atención la respuesta operativa inmediata. La activación de la red hospitalaria en Cúcuta, la evacuación de los uniformados y el acordonamiento de la zona son protocolos que, según la información disponible, funcionaron bajo fuego. Esa es la parte del Estado que suele pasar inadvertida hasta que un hecho la pone a prueba.
Lo que sigue es un trámite conocido: parte de heridos, un consejo de seguridad en Norte de Santander, un comunicado de la Presidencia y, en el mejor de los casos, una recompensa por información. El historial reciente sugiere que sin reorganización seria de los sistemas de inteligencia humana y técnica en la frontera, la próxima columna se escribirá sobre otro comando, otra ciudad y otra fecha.