El 18 de junio, en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro, en El Poblado, la enfermera Paula Andrea Beltrán Sandoval, de 41 años, ingresó para que le retiraran biopolímeros de los glúteos. Poco más de una hora después, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Las maniobras de reanimación no funcionaron. Había viajado desde Nueva York el 15 de junio, visitó a su familia y pagó 38 millones de pesos por la intervención. El parte oficial indica que no tenía antecedentes que advirtieran riesgo, dato que la Seccional de Salud de Antioquia deberá contrastar con la historia clínica completa.
Lo que ocurrió en El Poblado no es un caso aislado. La propia Seccional de Salud reportó el cierre de 64 centros estéticos en los que se detectaron irregularidades e incumplimientos de protocolos. Entre los antecedentes más recientes figura el de Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, fallecida en Medellín en febrero tras una abdominoplastia, y el de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado en Cundinamarca después de un procedimiento realizado en un establecimiento de Bogotá que, según las autoridades, no contaba con los permisos ni las condiciones exigidas. Tres nombres en menos de un año que evidencian un patrón, no una casualidad.
La investigación abierta por la Seccional de Salud de Antioquia tiene dos focos que deberían resolverse con celeridad. El primero es si el centro médico y el cirujano responsable contaban con la habilitación y el talento humano requerido para un retiro de biopolímeros, un procedimiento que la normatividad colombiana cataloga como de alto riesgo y que, por lo tanto, exige condiciones específicas de quirófano, anestesia y cuidado posoperatorio. El segundo es si se cumplieron los protocolos preoperatorios: valoración clínica, firma de consentimiento informado, verificación de imágenes y, sobre todo, una historia clínica completa que documente por qué una paciente sin antecedentes entró en paro en plena cirugía.
Hay un tercer frente que compete a las autoridades nacionales y que esta columna ha señalado en otras oportunidades: la persistencia del mercado informal de biopolímeros. Aunque la Ley 1801 de 2016 endureció las sanciones, la oferta clandestina se reubica y la demanda persiste, en muchos casos de connacionales que llegan desde el exterior precisamente porque en sus países de residencia el procedimiento está mejor regulado o es más costoso. Medellín se ha consolidado como un destino regional de turismo estético, y esa condición exige una respuesta proporcional de los entes de control: no basta con cerrar 64 establecimientos si otros tantos operan con la misma precariedad.
Lo que se sabe hasta ahora es insuficiente. Medicina Legal recibió el cuerpo con lesiones en el tórax atribuidas a las maniobras de reanimación, lo que sugiere que los protocolos de emergencia se activaron, pero no necesariamente que fueran efectivos. El resultado de la necropsia y el informe de la Seccional serán determinantes para establecer si estamos frente a una complicación médica documentada o frente a una cadena de negligencias. Mientras tanto, lo razonable es suspender preventivamente los procedimientos estéticos de alto riesgo en el establecimiento involucrado y verificar, como reportó El Espectador, la trazabilidad completa del caso Beltrán Sandoval.
Una enfermera, una profesional de la salud, muere en un quirófano de una de las zonas más exclusivas de Medellín. La paradoja es demasiado elocuente como para dejarla pasar. Si el sistema no protege a quien mejor conoce los riesgos de un procedimiento, difícilmente protegerá a las pacientes que llegan confiando en un letrero, en una dirección postal y en una publicidad que las autoridades todavía no logran controlar.