La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá abrió 1.559 nuevas investigaciones administrativas contra motociclistas reincidentes en infracciones de tránsito, según los datos reportados por la propia entidad y recogidos por Infobae Colombia. La cifra se suma a las 529 licencias de conducción ya suspendidas en lo corrido de 2026 y a los 5.906 procesos que permanecen abiertos y podrían terminar en sanciones iguales o más severas.
El marco es el que establece el Código Nacional de Tránsito: cuando un conductor acumula más de una falta en un periodo de seis meses, queda en condición de reincidente y se activa la posibilidad de suspender la licencia. La sanción base es de seis meses; si la conducta se repite, puede extenderse a un año o más. No se trata, entonces, de una decisión discrecional de la administración distrital, sino de la aplicación de una causal ya prevista en la norma.
Lo que sí es decisión de la administración es el énfasis. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ha enmarcado la medida en la protección de la vida, no en la persecución de los motociclistas. Es un argumento legítimo, pero conviene mirarlo con los números encima. Entre enero y mayo de 2026, la infracción más comparendada en la ciudad fue la C24, con 28.498 registros reportados por la Secretaría. Esa tipificación agrupa conductas heterogéneas —no uso de casco, ausencia de luces o direccionales, invasión de andenes y ciclorrutas, y exceso de velocidad— que difícilmente pueden evaluarse como un solo fenómeno. Tratarlas como bloque explica por qué la cifra es tan alta y, al mismo tiempo, por qué puede terminar siendo poco útil para diseñar política pública focalizada.
A la C24 le siguen, según el mismo reporte, 13.489 comparendos por no tener la revisión técnico-mecánica al día, 12.782 por conducir sin licencia, 9.420 por estacionamiento en sitios prohibidos y 8.311 por circular en zonas u horarios restringidos. La distribución sugiere que el problema no es únicamente de comportamiento temerario en la vía: una porción significativa de las sanciones responde a incumplimientos formales, de documentación o de requisitos del vehículo. Castigar la reincidencia sobre ese universo sin distinguir entre unas y otras conductas puede terminar siendo proporcional para unos casos y excesivo para otros.
Hay un punto adicional que merece atención institucional. La suspensión de la licencia es una sanción seria: impide trabajar a quienes dependen de la moto para su sustento y limita la movilidad de quienes la usan como transporte principal. Por eso, el procedimiento administrativo que rodea estas 1.559 investigaciones debe ser riguroso, con notificaciones efectivas, plazos cumplidos y derecho de defensa real. Una cosa es aplicar la norma y otra, muy distinta, es usar la reincidencia como atajo para sancionar sin el debido proceso. La Secretaría de Movilidad tiene la obligación de demostrar que cada uno de esos expedientes cumple los supuestos legales.
La discusión de fondo, sin embargo, no es solo de motociclistas. Bogotá arrastra una crisis de seguridad vial que se mide en muertos y heridos, no en comparendos. Si la herramienta funciona, debería verse pronto en una reducción de la siniestralidad atribuible a conductores reincidentes. Si no se ve, el endurecimiento habrá servido únicamente para engordar las estadísticas de la Secretaría sin mover los indicadores que importan.
Por ahora, el dato concreto es este: en cinco meses, 529 motociclistas bogotanos ya no pueden conducir, y más de siete mil están bajo algún tipo de proceso. La norma se está aplicando. La pregunta es si se está aplicando bien.