El primero de julio comienza en Bogotá una transición de dos años hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el esquema que reemplazará al Sisbén como herramienta principal de clasificación socioeconómica en el Distrito, según reportó Pulzo.
La diferencia operativa es de fondo. El Sisbén se construyó sobre encuestas levantadas en hogares; el RUI se alimentará de registros administrativos provenientes de un conjunto amplio de entidades del orden nacional. El propósito declarado del nuevo modelo es obtener una fotografía más actualizada de las condiciones económicas de los hogares y, con base en ella, afinar la focalización de los subsidios distritales.
Cada persona quedará ubicada en un grupo y un subgrupo de clasificación. Esa ubicación将成为 referencia para transferencias monetarias, educación, transporte y otros beneficios. La secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque Mejía, aclaró en un debate de control político citado por Pulzo que la transición no implica el ingreso ni la salida automática de ningún programa: la decisión sobre entrega de subsidios seguirá en manos de cada entidad responsable.
Esa precisión no es menor. El cambio técnico en la fuente de datos arrastra consecuencias administrativas que el Distrito debe resolver antes de que la transición concluya. Si el RUI se alimenta de declaraciones tributarias, registros educativos y bases de identificación personal, las personas que nunca han declarado, que no aparecen en sistemas educativos formales o que tienen trámites pendientes podrían quedar subrepresentadas. La promesa de mayor precisión depende, justamente, de la cobertura efectiva de esos registros.
Las cifras preliminares del Departamento Nacional de Planeación, citadas por el concejal Óscar Ramírez Vahos en el mismo debate y reproducidas por Pulzo, dan cuenta de movimientos amplios. Según esas cifras, 615.175 personas tendrían una clasificación ascendente y 957.245 una descendente respecto a su situación actual en el Sisbén, para un total cercano a 1,57 millones de personas que cambiarían de grupo. Una alteración de esa magnitud exige protocolos claros de notificación, recursos de reposición y canales de atención al ciudadano. Por ahora, el Distrito no ha detallado públicamente cómo se realizará esa interlocución, y esa es la primera alerta que esta columna deja sobre la mesa.
También existe un vacío fiscal que conviene vigilar. Si la reclasificación modifica el universo de potenciales beneficiarios, las entidades distritales deberán ajustar sus apropiaciones presupuestales. Programas como subsidios de transporte, transferencias condicionadas y apoyos educativos suelen operar con techos fijos; un cambio en la población elegible puede traducirse en cupos desbordados o, en el otro extremo, en recursos subutilizados. La Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda deberían publicar, antes de finalizar julio, un ejercicio de simulación del impacto fiscal del nuevo esquema, con cifras atribuidas de dónde vendrían los ahorros y dónde se requerirían refuerzos.
Queda, por último, una pregunta de pedagogía institucional. Bogotá concentra una proporción significativa de la población beneficiaria del Sisbén nacional, y cualquier error en la migración de bases de datos puede traducirse en la pérdida temporal de subsidios para hogares vulnerables. ¿Está preparada la administración distrital para explicar, en los canales oficiales disponibles, por qué una familia subió o bajó de grupo? La tarea de los próximos 24 meses no será solo técnica: será de atención al ciudadano y de auditoría continua de los registros que alimentan al RUI. Si esos dos frentes fallan, el nuevo sistema arrancará con el mismo problema que pretendió resolver.