Hay un baremo que ningún centro de estudios políticos ha logrado replicar y que ningún encuestador sabe medir: el juicio que un barrio específico emite sobre un presidente que alguna vez cargó ladrillos en sus calles. Cambio recorrió esa geografía y recogió el veredicto en Bolívar 83, la ladera de Zipaquirá donde Gustavo Petro fundó, con pica y pala, hace 43 años, un asentamiento que hoy lee su gestión desde la Casa de Nariño con una mezcla de gratitud antigua y desilusión presente.
Lo que registra el reportaje de Jonathan Beltrán no es un fenómeno aislado ni estrictamente emocional. Es la rendición de cuentas informal que hacen las comunidades que sintieron propio el ascenso de un dirigente y que, cuando ese dirigente llega al poder, confrontan la distancia entre el discurso y la ejecución. La pregunta que atraviesa la nota no se formula en esos términos, pero late en cada testimonio: qué se hizo desde 2022 por la gente que cargó al candidato en andas hasta las plazas.
En materia de inversión pública para Zipaquirá y, por extensión, para la provincia de Sabana Centro, los datos que cualquier columnista debe revisar están en el Secop II y en el SGR. Bolívar 83 carece de pavimentación definitiva de sus escaleras, sufre humedad estructural en fachadas de ladrillo sin revocar y depende de acueducto comunitario en varios de sus tramos superiores. Si la política de hábitat del actual gobierno —el Ministerio de Vivienda y el programa Casa Digna, hoy reconfigurado— hubiera tocado esta ladera con la intensidad con que el presidente la conoce, tendríamos que encontrar contratos ejecutados, actas de entrega y actas de liquidación.
No aparecen en el registro público abierto con la nitidez que el relato demanda. Lo que sí abundan, en la administración municipal y departamental, son obras cuya trazabilidad presupuestal se diluye entre convenios interadministrativos y contrataciones por urgencia manifiesta, una modalidad que la Contraloría General ha señalado reiteradamente como foco de riesgo fiscal.
Hay otro elemento que el reportaje deja flotando y que conviene aterrizar. Bolívar 83 no votó por Petro solo en 2022: lo votó desde 2010, cuando era un dirigente de la izquierda extraparlamentaria, y lo respaldó en 2018 cuando era senador y candidato derrotado. Esa lealtad acumulada es la que hoy se cobra. Las voces recogidas por Cambio hablan de “cuestionamientos” y “decepción”, términos que en el lenguaje comunitario significan algo muy preciso: se esperaba que el gobierno devolviera en obras lo que el barrio entregó en capital político.
Lo que la columna debe decir con nombre propio es esto. Un gobierno que se declara defensor de los territorios históricamente excluidos debe demostrarlo, contrato por contrato, en los lugares donde su liderazgo se forjó. Cuando esos lugares registran deterioro persistente en condiciones de habitabilidad —y la inspección visual del reportaje así lo sugiere— la autocrítica no es opcional: es una obligación política.
La Corte Constitucional, en sentencias como la T-760 de 2008 y la T-025 de 2004, ha establecido que la garantía de derechos sociales exige trazabilidad, continuidad y participación. El contraste entre esas órdenes y la realidad que describe Cambio en Bolívar 83 debería ocupar, al menos, un párrafo del próximo informe de gestión del Ministerio de Vivienda.
También corresponde decirlo sin complacencia: la provincia de Sabana Centro ha recibido inversiones del orden departamental y nacional en los últimos tres años, incluyendo proyectos de movilidad y acueducto regional. Pero Bolívar 83, por su topografía y por su origen informal, suele quedar fuera de los radios de cobertura de los grandes proyectos. Y esa es, justamente, la población a la que un gobierno que se precia de territorial debe priorizar.
La nota de Cambio deja una imagen que vale más que cualquier cifra: una Virgen del Carmen desgastada que vigila desde lo alto un barrio que aún conserva la memoria del fundador y que, con razón, le pasa la cuenta de su paso por el poder. Esa cuenta no la cobran los adversarios políticos. La cobran los que un día lo llevaron al hombro.
Quien aspire a leer el panorama completo debe consultar los registros del Secop II con el filtro de Zipaquirá, las actas del OCAD departamental de Cundinamarca y los reportes de gestión del Ministerio de Vivienda. La transparencia de esos datos es, en sí misma, una forma de responderle a Bolívar 83.