La Gobernación de Boyacá informó que entre julio y mediados de agosto se instalarían inhibidores de señal de celular en dos establecimientos penitenciarios del departamento: El Barne y Cómbita. La decisión, según la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Alejandra Pico Gama, fue adoptada en un encuentro entre el gobernador Carlos Amaya y el ministro de Justicia, aunque la administración departamental no publicó el acta ni el decreto que respalda el compromiso.
El dato central que justifica la medida es contundente: la funcionaria sostuvo que cerca del 80% de las extorsiones registradas en Boyacá tienen origen carcelario. Si esa cifra se corrobora con cifras oficiales del Ministerio del Interior o de la Fiscalía, la instalación de bloqueadores deja de ser un anuncio de prensa y se convierte en una política pública con base estadística verificable. Mientras no se publique la fuente del porcentaje, el 80% debe leerse como una afirmación atribuida a la Gobernación, no como un hecho documentado.
Boyacá no es el primer departamento en explorar esta ruta. El INPEC y el Ministerio de Justicia han discutido durante años la instalación de inhibidores en penitenciarías de alta y mediana seguridad, con resultados técnicos desiguales: los equipos requieren homologación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mantenimiento permanente y un protocolo de uso que no afecte a население civil en zonas urbanas vecinas. Una cárcel de Cómbita, por ejemplo, está rodeada de áreas donde la señal celular es el principal canal de comunicación de pequeños comerciantes y productores agrícolas. Inhibir la frecuencia sin un plan de mitigación puede trasladar el problema, no resolverlo.
La Gobernación también anunció seis proyectos para construir estaciones de Policía en Motavita, Sora, Panqueba, Macanal, Chitaraque y Saboyá, con una inversión aproximada de 2.500 millones de pesos cada una y cofinanciación entre el departamento, los municipios y el Ministerio del Interior. Tres proyectos ya avanzan; los otros tres esperan avales. El modelo de cofinanciación es razonable, pero depende de que los municipios cumplan con la contrapartida en caja, algo que en municipios pequeños del departamento no siempre ocurre dentro de los plazos previstos.
Hay tres preguntas que la administración de Amaya debería responder antes de presentar la medida como un éxito regional:
- ¿Cuál es el acto administrativo que formaliza el compromiso con el Ministerio de Justicia y qué plazo de ejecución tiene?
- ¿Qué estudio técnico acompaña la instalación de los inhibidores para evitar interferencia con redes civiles en el perímetro de Cómbita y El Barne?
- ¿De dónde sale el dato del 80% de extorsiones de origen carcelario y cómo se compara con las cifras del Observatorio de Delitos del Ministerio del Interior?
La extorsión desde centros penitenciarios es un fenómeno documentado en Colombia desde hace al menos dos décadas. Bloquear la señal es una herramienta, no una política integral. Funciona si se combina con controles carcelarios efectivos, interceptación legal con orden judicial, judicialización de redes de cobro y protección a víctimas. Sin esos componentes, los inhibidores se vuelven un anuncio de gobierno y los extorsores migran a canales satelitales, radios VHF o terceras personas que visitan los penales.
Boyacá tiene derecho a celebrar el anuncio. Pero la ciudadanía, los comerciantes y los operadores de justicia necesitan ver el expediente técnico, no la rueda de prensa.