La iniciativa de Cabify de destinar el uno por ciento de sus ingresos de una jornada completa a fortalecer programas deportivos, coordinada con el partido amistoso de la Selección Colombia contra Jordania el próximo 7 de junio, ilustra una realidad incómoda del comercio digital en América Latina: las plataformas de movilidad asumen responsabilidades que históricamente corresponden al Estado.
No se trata de condenar la filantropía corporativa. Pero sí de reconocer que cuando una empresa privada de transporte se convierte en financiadora de base del deporte nacional, algo falla en la arquitectura fiscal y presupuestaria de un país.
El modelo de la responsabilidad delegada
Colombia gasta aproximadamente 0,4 por ciento del presupuesto nacional en deporte, según datos del Ministerio del Interior. Esa cifra sitúa al país por debajo del promedio de la OCDE (0,8 por ciento) y muy por debajo de naciones como Brasil, que invierte casi el doble en infraestructura y formación deportiva. Mientras tanto, plataformas como Cabify, Uber y Didi operan en ciudades colombianas generando márgenes operativos que podrían gravarse con mayor intensidad para financiar política pública de deporte.
El dilema es clásico en economías emergentes: ¿debe el sector privado suplir déficits de inversión estatal, o esa suplencia se convierte en un subsidio implícito al Estado para evadir su responsabilidad fiscal?
Cabify opera en Bogotá, Medellín y otras ciudades con un modelo de comisiones sobre cada viaje. Su donación puntual de un porcentaje de ingresos de una jornada es simbólica en magnitud pero significativa en mensaje. Dice: “Nosotros reconocemos que el deporte importa, y estamos dispuestos a contribuir.” El Estado, por su parte, sigue financiando deportistas de élite mediante presupuestos que no siempre alcanzan para programas de base en municipios pequeños.
La brecha entre élite y formación
Colombia tiene una tradición en ciclismo, atletismo y deportes de combate. Pero esa fortaleza en élite no se traduce en acceso masivo a programas de formación. Las ciudades intermedias y rurales carecen de infraestructura deportiva pública de calidad. Cuando Cabify dona, llena un hueco. Cuando debería ser el presupuesto municipal o departamental quien lo hiciera, la ausencia se normaliza.
Esto no es exclusivo de Colombia. En toda la región andina, empresas de tecnología y movilidad han asumido roles de financiamiento social que debería garantizar el Estado. En Perú y Ecuador, plataformas similares han donado a programas educativos y de salud. Es eficiente en el corto plazo; insostenible en el largo.
Implicaciones para el sector
La iniciativa de Cabify también refleja una estrategia comercial clara: asociarse con momentos de alta visibilidad nacional (un partido de la Selección) genera retorno de marca. No es altruismo puro; es marketing con propósito. Eso no invalida la donación, pero sí contextualiza su alcance.
Para el sector de movilidad urbana en Colombia, estas acciones son también una forma de legitimidad ante gobiernos locales y reguladores. Cabify opera en un mercado disputado con Uber y Didi. Demostrar compromiso social es parte de la competencia por licencias municipales y aceptación pública.
Lo que falta en la ecuación
Ninguna donación corporativa, por bien intencionada, reemplaza política pública. Colombia necesita: (i) aumentar la inversión estatal en deporte de base; (ii) mejorar la tributación sobre plataformas digitales para financiar esa inversión; (iii) descentralizar recursos hacia municipios donde la infraestructura deportiva es nula.
El gesto de Cabify es bienvenido. Pero no debería ser noticia que una empresa privada de transporte financie programas deportivos. Debería serlo que el gobierno nacional y los gobiernos locales lo hicieran de manera sistemática y suficiente.
Mientras tanto, cada donación puntual es un recordatorio de que el Estado colombiano sigue delegando responsabilidades que no puede o no quiere asumir.