El 23 de julio de 2026, Infobae Colombia reportó el hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí Gómez, una joven caleña de 21 años que cursaba un embarazo de ocho meses. El cadáver fue encontrado a orillas del río en el sector de La Buitrera, con signos de tortura y múltiples heridas con arma blanca, según la información publicada por el portal. La joven había desaparecido el 16 de julio, después de salir de una vivienda en el barrio Meléndez donde permanecía alojada de manera temporal para asistir a un familiar en su convalecencia. Ese día acudió a una cita prenatal en el centro de salud de Polvorines y, según reconstruyó Infobae a partir del rastreo de cámaras, a las 4:13 p. m. fue vista por última vez subiendo a una motocicleta conducida por una mujer, a quien había conocido horas antes. Aquel fue su último registro visual.
El elemento que volvió el caso nacional fue lo informado por Noticias RCN y reproducido por Infobae: los análisis forenses habrían confirmado que el cuerpo no contenía al bebé. En la misma cobertura, la madre de la joven, Alba Luz, pidió colaboración ciudadana para ubicar a la recién nacida. El mensaje textual, atribuido por Infobae a la señora Alba Luz en entrevista con ese noticiero, fue un pedido de aparición con vida. También recogió Infobae la denuncia de la familia ante ese mismo medio: las autoridades habrían brindado “muy poca ayuda, muy poca respuesta” y el acompañamiento habría provenido principalmente de la comunidad.
Esa queja amerita una respuesta documental, no retórica. Cuando un caso reúne las características descritas en la nota de Infobae —víctima con embarazo avanzado al momento de la desaparición, tortura, más de una semana sin rastro, hipótesis sobre posible sustracción de un recién nacido y al menos una persona de interés identificada por cámaras de seguridad— la diligencia mínima esperable de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Cali incluye: boletines de prensa periódicos con avances, líneas de tiempo verificables, recompensas formalizadas, comunicación directa con el núcleo familiar y publicación de los puntos de contacto para recibir información. Nada de eso consta, hasta ahora, en los reportes públicos recopilados por Infobae y Noticias RCN.
La presunción de inocencia es un principio irrenunciable y debe regir cualquier valoración sobre las personas que la investigación señala. Pero junto a ella opera otra presunción que también es obligación: la de diligencia institucional. La Fiscalía debe informar a la opinión pública qué hipótesis maneja sobre el paradero del bebé, qué medidas cautelares se decretaron, cuántas personas han sido interrogadas, qué búsquedas se realizaron entre el 16 de julio y la fecha del hallazgo y por qué no se activaron alertas tempranas con mayor prontitud. La Policía Metropolitana debe detallar el avance en la revisión de cámaras y testimonios. La Alcaldía de Cali, por su parte, debe pronunciarse sobre los indicadores de violencia de género que, según el mismo Infobae, atraviesa la ciudad.
El caso de María Camila Potosí se inscribe en un patrón documentado: la violencia contra la mujer y la impunidad asociada a ella suelen compartir dos ingredientes —investigaciones que no concluyen y comunicaciones oficiales que no informen—. Romper ese patrón exige exactamente lo que hoy no se ve: trazabilidad, plazos y rendición de cuentas.
La columna vertebral de un Estado de derecho no es solo perseguir el delito: es demostrar que se persigue. Cuando una familia siente, como reportó Noticias RCN, que está sola, la falla no es de percepción sino de procedimiento. La sociedad caleña acompañó el cuerpo de María Camila con una caravana de motocicletas y vehículos desde la morgue hasta su vivienda, según registró Infobae. Esa respuesta civil merece, como mínimo, una respuesta institucional de igual altura. La Fiscal General de la Nación y el director de la Policía Nacional tienen la palabra.