¿Dónde termina la autonomía de un Estado para decidir quién cruza sus fronteras y dónde comienza el compromiso implícito de quien alberga una competencia planetaria? La negativa de Canadá a conceder visado al centrocampista ghanés Thomas Partey, a pocos días del debut de las Estrellas Negras en el Mundial de 2026, no es una anécdota administrativa. Es una pregunta incómoda sobre el cruce entre derecho penal, política migratoria y el contrato moral que supone organizar un evento como la Copa del Mundo.
La respuesta de las autoridades canadienses se ampara en una norma precisa: el párrafo A36(1)(c) de su Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, que establece inadmisibilidad por ciertos antecedentes penales. Partey fue acusado en febrero de 2026 en Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, hechos que presuntamente ocurrieron entre 2021 y 2022 cuando militaba en el Arsenal. Según informó The Guardian, citado por Infobae Colombia, se declaró no culpable; el juicio está fijado para noviembre de este año. No existe condena. La fianza le permite jugar en España y con su selección, siempre que informe a la policía británica sus desplazamientos internacionales. Hasta aquí, el derecho inglés ha considerado que no hay razón para privarle de libertad ni de actividad profesional.
Canadá, empero, ha decidido que la mera existencia de un proceso penal en curso constituye razón suficiente para cerrarle la puerta. El gobierno de Ghana, en una nota diplomática del 11 de junio que elevó a protesta formal, sostiene que esta decisión vulnera la presunción de inocencia y plantea “dudas sobre equidad y debido proceso”. El ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, mantiene conversaciones con la alta comisionada canadiense en Accra; según el comunicado oficial citado por Infobae Colombia, no descartan acudir al Tribunal Federal de Canadá. La FIFA, por su parte, ha eludido responsabilidades. En un comunicado enviado a The Athletic y reproducido por Infobae Colombia, la federación limitó a señalar que “no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones”, añadiendo que la decisión final sobre visados corresponde al gobierno receptor.
Esta actitud de la federación mundial merece examen. Hace casi dos siglos, en La Democracia en América, Tocqueville advertía que las instituciones democráticas corren el riesgo de volverse tan formales que olvidan su propósito. La FIFA no es un observador neutral en este asunto. Otorgó a Canadá, Estados Unidos y México la sede del torneo bajo ciertas expectativas: que los mejores jugadores de cada selección podrían competir, que el evento trasciende la política cotidiana, que el campo de juego es —o pretende ser— un espacio de excepción. Cuando un gobierno anfitrión ejerce su soberanía migratoria para excluir a un deportista sin condena, la instancia rectora del fútbol no puede limitarse a repetir frases de manual. Esa neutralidad es, en rigor, una toma de partido.
No pretendo simplificar. Canadá tiene derecho a regular su frontera; ningún tratado internacional obliga a un Estado a admitir a quien no desea. Pero el problema no es jurídico en sentido estrecho: es político, y en cierto modo filosófico. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, reflexionaba sobre la condición del apátrida como figura que expone los límites de los derechos humanos cuando ningún Estado quiere reconocerlos. Partey no es apátrida, claro está; es ciudadano ghanés con pasaporte válido y contrato profesional en España. Sin embargo, la lógica que lo deja fuera del Mundial por una acusación no probada guarda una forma lejana pero reconocible de aquella arbitrariedad que Arendt denunciaba: la reducción de una persona a su situación procesal, la suspensión de su plenitud como sujeto de derecho.
La oposición entre soberanía estatal y derechos individuales no tiene resolución fácil. Los colombianos debemos recordar episodios propios: en 1986, el portero René Higuita fue vetado de entrada a Estados Unidos por antecedentes que allí consideraban relevantes; en otros momentos, hemos visto cómo la política migratoria de potencias filtra a deportistas, artistas y académicos según criterios que no siempre resisten el escrutinio de la proporcionalidad. No se trata de defender a Partey: la gravedad de las acusaciones es evidente, y si el tribunal británico lo condena, la conversación cambiaría por completo. Se trata de defender un principio: que la presunción de inocencia no puede ser un eslogan retórico en los manuales y una variable desechable en las oficinas de inmigración.
Ghana, por su parte, actúa con la firmeza que la circunstancia exige. No es un Estado menor en el fútbol mundial: fue el primer equipo africano en alcanzar cuartos de final de un Mundial, en 2010 en Sudáfrica. Su plantilla actual, con figuras como Iñaki Williams, Jordan Ayew o Antoine Semenyo, compite a nivel de las mejores ligas europeas. Perder a Partey —uno de sus jugadores más experimentados, con pasado en el Atlético de Madrid y el Arsenal— debilita su proyecto deportivo y, en alguna medida, empobrece el torneo. Pero más allá del resultado en el campo, lo que está en juego es si un Mundial puede ser verdaderamente mundial cuando los Estados anfitriones seleccionan a los participantes según sus propias categorías de orden público.
La FIFA debería mediar, aunque sea en privado. No para obligar a Canadá, que no puede hacerlo, sino para articular un marco que anticipe estas situaciones antes de que exploten en plena competencia. Karl Popper, a quien cito cuando el argumento lo amerita, insistía en que la sociedad abierta requiere instituciones capaces de corregir sus propios errores. La federación mundial tiene tiempo de sobra para aprender: en 2026, en 2030, en cada torneo futuro. El contrato entre quien organiza y quien participa no puede reducirse a estadios y patrocinios.
Partey jugará o no en Toronto el 17 de junio. Ghana presentará su reclamación o no obtendrá respuesta a tiempo. El Mundial seguirá, con él o sin él. Pero la pregunta que deja este episodio no tiene fecha de caducidad: ¿qué clase de competencia internacional construimos cuando la frontera de un país anfitrión se convierte, sin debate público ni contrapeso institucional, en un filtro silencioso de la cancha?