A un día de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la Cancillería colombiana elevó una nota de protesta diplomática ante el Gobierno de Argentina por los pronunciamientos del presidente Javier Milei en redes sociales, donde respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella. El hecho fue reportado por El Universal de Cartagena.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquier pronunciamiento de una autoridad extranjera sobre el proceso electoral colombiano resulta “impropio”, por tratarse de un asunto que “compete exclusivamente al pueblo colombiano”. El mismo texto sostiene que este tipo de declaraciones “desconocen los principios de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo” que deben regir las relaciones entre Estados.
La Cancillería invocó la norma de la Carta de la OEA que prohíbe a un Estado intervenir en los asuntos internos de otro, así como la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU sobre principios de derecho internacional. Citó también el artículo 9 de la Constitución colombiana, que fundamenta la política exterior en la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional. El comunicado recordó que el pasado 5 de junio el Gobierno ya había expresado su preocupación por posibles pronunciamientos de actores extranjeros, posición que fue transmitida a misiones diplomáticas mediante una Nota Verbal.
El pronunciamiento también rechazó “expresiones agraviantes y descalificaciones” difundidas respecto a candidatos o ciudadanos colombianos, al considerar que afectan “el clima de respeto” del relacionamiento bilateral y “desconocen la dignidad” de los nacionales “con independencia de sus posiciones políticas”. El comunicado no precisa a qué expresiones específicas se refiere, aunque el contexto apunta al tono de los mensajes del propio Milei en la red social X, según reportó El Universal.
Desde una lectura institucionalista, la protesta es un movimiento proporcionado y técnicamente correcto. Activar la figura de no intervención no es un gesto simbólico: es la base jurídica que cualquier gobierno puede oponer cuando una autoridad extranjera incursiona en debate electoral doméstico. La prudencia diplomática exige responder por escrito y dejar registro, no escalar retóricamente. Colombia, además, ya había anticipado el 5 de junio que consideraría inaceptable cualquier intromisión, lo que otorga coherencia a la reacción de este viernes.
Quedan interrogantes sobre los efectos prácticos. Una nota verbal no obliga a retractación ni impone costo bilateral verificable. La pregunta razonable es si el Gobierno colombiano dará pasos adicionales —convocatoria al embajador argentino, declaraciones conjuntas en foros hemisféricos, revisión de cooperación bilateral— o si el episodio se archivará como un formalismo más en una relación ya deteriorada por otros motivos.
También merece lectura la mención a “expresiones agraviantes y descalificaciones”. El comunicado no las detalla, pero alude a un tono que, según la Cancillería, afecta la dignidad de ciudadanos colombianos “con independencia de sus posiciones políticas”. Esa frase sugiere que el Ejecutivo busca marcar un piso de decoro en el debate, no solo defender la soberanía electoral.
La segunda vuelta del 21 de junio se celebrará bajo este ruido diplomático. La institucionalidad electoral colombiana —Registraduría, Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación— tiene la palabra sobre la limpieza del proceso. La Cancillería, mientras tanto, cumplió con su tarea: dejar por escrito que la injerencia extranjera no es aceptable, venga de donde venga.