Colombia lleva décadas anunciando la recuperación de sus cuencas hidrográficas con la misma liturgia: un ministro frente a las cámaras, un mapa desplegado, la promesa de que “esta vez será diferente”. El proyecto Canoas —saneamiento de una de las arterias fluviales más contaminadas del país— vuelve a circular en titulares con el ropaje de “hito histórico” y “escenario mundial”. La pregunta que nadie formula en voz alta es la más elemental: ¿por qué habríamos de creerlo ahora?
No se trata de cinismo. Se trata de memoria institucional. La cuenca del río Bogotá lleva cuarenta años en planes de descontaminación que nunca terminan. El Magdalena tiene un fondo de recuperación que funciona a media máquina. El Cauca sigue recibiendo vertimientos industriales sin tratamiento mientras el gobierno departamental anuncia “inversión sin precedentes”. El patrón es siempre el mismo: se firma el acuerdo, se hace la foto, se diluye la ejecución, se olvida el seguimiento. Tres años después, otro gobierno anuncia el mismo proyecto con distinto nombre.
El caso Canoas merece escrutinio no porque sea distinto, sino precisamente porque repite la fórmula. La columna original en La República habla de “hito histórico” y “escenario mundial”, pero no menciona una sola cifra: ni presupuesto comprometido, ni cronograma verificable, ni entidad responsable de auditar el cumplimiento. Tampoco identifica las fuentes de contaminación industrial que deberán cerrar o reconvertirse, ni el costo político de obligarlas a hacerlo. Un proyecto ambiental sin estas coordenadas no es un plan: es una declaración de buenas intenciones.
La experiencia comparada enseña que los grandes proyectos de saneamiento fluvial exigen tres condiciones: financiación plurianual blindada contra el ciclo electoral, autoridad ambiental con músculo sancionatorio real, y participación ciudadana en el monitoreo. El Támesis tardó cincuenta años en recuperarse porque el Parlamento británico aprobó presupuestos sucesivos sin importar el color del gobierno. El Rin europeo requirió un tratado internacional que obligaba a Suiza, Francia, Alemania y Holanda a reportar datos verificables cada semestre. Ninguno de esos elementos aparece en el anuncio colombiano sobre Canoas.
Lo que sí aparece es la retórica del “compromiso ambiental” sin consecuencias. Desde la Constitución de 1991, Colombia se declara Estado ecológico de derecho. Firmamos acuerdos internacionales, creamos parques naturales, promulgamos leyes de protección hídrica. Mientras tanto, el 70% de nuestras aguas residuales urbanas se vierten sin tratamiento, según cifras de la Contraloría. La brecha entre discurso y realidad no es accidental: es estructural. Sanear una cuenca implica enfrentar a empresas con abogados, alcaldes con votos y comunidades sin alcantarillado. Eso no se resuelve con ruedas de prensa.
Quizá Canoas sea, esta vez, distinto. Quizá el gobierno actual tenga la voluntad política que faltó a los anteriores. Quizá exista un diseño técnico robusto que aún no se ha hecho público. Pero hasta que no veamos el decreto con la partida presupuestal, el cronograma con hitos auditables y la autoridad ambiental con poder sancionatorio efectivo, lo único que tenemos es otro capítulo del síndrome del anuncio perpetuo: esa enfermedad colombiana que consiste en inaugurar obras que nunca se terminan y celebrar victorias que nunca se verifican.
La pregunta no es si Canoas puede convertirse en un hito. La pregunta es si estamos dispuestos a construir las instituciones que hacen posible que los hitos dejen de ser promesas y se conviertan en hechos. Hasta ahora, la respuesta ha sido no. Ojalá esta vez sea distinta. Pero la fe sin obras, decía el apóstol, está muerta. Y en materia ambiental, Colombia lleva demasiado tiempo practicando una religión sin culto.