El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, anunció el despliegue de más de 3.500 uniformados para el puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad heroica. La cifra no es menor: equivale a buena parte del pie de fuerza disponible en una de las capitales turísticas más importantes del país, concentrado durante tres días en playas, muelles, el Centro Histórico, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, La Boquilla y las Islas del Rosario, según reportó Caracol Radio.
El operativo incluye también la Terminal de Transportes y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde se proyecta el tránsito de más de 90.000 viajeros. El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional coordina las acciones, con presencia en las Zonas de Atención Policial y Zonas Seguras, y campañas de prevención dirigidas a turistas, operadores y comerciantes.
Hay dos datos que conviene poner sobre la mesa.
Primero, el volumen. Tres mil quinientos uniformados es una cifra que suele asociarse a coyunturas extraordinarias: festivos largos, temporadas de vacaciones o situaciones de orden público. Cuando una ciudad requiere ese nivel de concentración policial para recibir turistas en condiciones que deberían ser habituales, la pregunta de fondo es cuántos efectivos quedan disponibles para la seguridad cotidiana del resto del distrito y de los municipios vecinos. La sostenibilidad operativa de la fuerza pública no se mide sólo por el despliegue del puente, sino por lo que ocurre el martes siguiente.
Segundo, el contenido del anuncio. La Policía repite la fórmula de autocuidado, denuncia a través de la línea 123 y uso de operadores turísticos legalmente establecidos. Es una recomendación válida, pero en el reporte de Caracol Radio no aparece referencia a una política de inteligencia, a resultados de investigación contra estructuras dedicadas al hurto a turistas, ni a indicadores comparables con puentes festivos anteriores. La seguridad del principal destino turístico del Caribe colombiano aparece presentada, una vez más, como un ejercicio de presencia visible y de conducta preventiva del visitante.
Una política seria de seguridad turística en Cartagena no se agota en dispositivos de fin de semana. ¿Qué exigiría? Un observatorio de criminalidad contra visitantes, articulación permanente con la Fiscalía para judicializar a las redes que operan en la zona insular, regulación efectiva de los operadores informales, y metas medibles de reducción del hurto y la estafa. También exigiría que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía de Cartagena y la Policía Nacional evaluaran, puente tras puente, si el esfuerzo está dando resultados o si sólo se está moviendo el problema de lugar.
El turismo es una de las principales fuentes de empleo formal de la capital de Bolívar. Protegerlo no puede ser una tarea heroica de tres días cada tres meses. Tiene que ser una política sostenida, con presupuesto, indicadores y consecuencias para quienes delinquen.
El brigadier Peña Araque cumplirá con su parte durante este fin de semana. Lo que falta es que el resto de la institucionalidad asuma la suya con la misma seriedad. El puente habrá pasado, las fotos de uniformados en Bocagrande circularán en redes, y Cartagena recibirá a los 90.000 viajeros. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la seguridad del principal destino turístico del país se siga resolviendo con titulares de cifras, sin metas, sin balances públicos y sin responsables designados más allá del comandante de turno.