La Alcaldía de Cartagena anunció el lanzamiento del Gran Malecón del Mar, una megaobra de infraestructura costera que busca redefinir la experiencia urbana y turística de la ciudad. El proyecto, con presupuesto superior a $200.000 millones, se ejecutará en aproximadamente dos años.
La obra abarca cinco kilómetros de senderos peatonales que conectarán La Boquilla con el Centro Histórico, acompañados de tres kilómetros de ciclorrutas. El plan incluye 14 plazoletas, más de 500 parqueaderos, 60.000 metros cuadrados de zonas verdes y un ícono visual: una rueda panorámica llamada Mirador del Sol que reposicionará el skyline de la ciudad.
Desde la administración municipal se enfatiza que el impacto va más allá de la infraestructura. La valorización de hoteles, comercio y barrios cercanos, junto con la generación de empleo, son los efectos económicos esperados. El argumento central es de reputación: Cartagena pasaría de competir únicamente con su patrimonio histórico a codearse con grandes destinos costeros internacionales.
Lo que falta en el anuncio inicial son detalles críticos. No hay cronograma público de fases, ni información sobre financiamiento específico, ni estudios de impacto ambiental o de desplazamiento en zonas como La Boquilla, que históricamente ha enfrentado presión especulativa. Tampoco hay claridad sobre quién gestiona la rueda panorámica o bajo qué modelo de concesión operaría. Estos vacíos no invalidan el proyecto, pero sí impiden evaluarlo completamente.
Para quien no siguió el hilo: Cartagena ha sido epicentro de gentrificación acelerada en la última década. Las grandes obras urbanas pueden traer empleo e inversión, pero también desplazamiento y pérdida de identidad en comunidades vulnerables. Esto merece transparencia desde el primer día, no comunicados optimistas solos.