Iván Cepeda cerró su campaña para la segunda vuelta del 21 de junio con dos actos en Bucaramanga y en la Plaza Cultural Santamaría de Bogotá, según reportó El Colombiano. La consigna fue ambiental: agua, páramos, Santurbán y un compromiso explícito de no realizar fracking en un eventual gobierno del Pacto Histórico.
En Santander, el candidato enumeró cinco compromisos: gestión pública y comunitaria del agua; plantas de tratamiento en Río de Oro para Bucaramanga y Girón; proyectos en Ríofrío para Floridablanca; protección de fuentes hídricas; y conservación del Páramo de Santurbán. En ese marco suscribió un acuerdo con una organización cívica regional que, de acuerdo con la campaña, respaldó por primera vez en 17 años a un aspirante presidencial.
En el cierre en Bogotá, Cepeda hizo un balance de la campaña y afirmó, según El Colombiano, que se movilizó “a más de un millón 300 mil personas en actos públicos” y que se obtuvo “la bancada parlamentaria más numerosa del país”. También sostuvo que “logramos derrotar a la derecha tradicional de Álvaro Uribe”. Sobre su contendor, Abelardo de la Espriella, dijo —siempre según El Colombiano— que se trata de un “sombrío e inescrupuloso abogado de narcotraficantes y estafadores” y advirtió que un eventual triunfo suyo representaría un “proyecto totalitario, regresivo y absolutamente voraz y ambicioso” sobre Santurbán.
Hasta ahí, el libreto. Lo que sigue son las preguntas que ese libreto deja abiertas.
Primera: la ruta institucional sobre Santurbán. La advertencia sobre lo que ocurriría con el páramo bajo un gobierno distinto es una pieza retórica comprensible en cierre de campaña. La pregunta de fondo es operativa: ¿qué hará un eventual gobierno del Pacto Histórico con las licencias mineras vigentes, con los conflictos territoriales en Soto Norte y con la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que fijó obligaciones precisas sobre la delimitación participativa del páramo? Sin respuesta, el compromiso ambiental queda en consigna.
Segunda: el costo fiscal del no al fracking. La promesa de no hacer fracking choca con un debate técnico que el próximo gobierno, gane quien gane, deberá resolver. Colombia debe definir su matriz de seguridad energética, y un compromiso de esa magnitud exige, como mínimo, un cronograma de sustitución de reservas y de inversiones compensatorias en transmisión y en gas. ¿De dónde saldrán esos recursos sin sacrificar la estabilidad macroeconómica ni la inversión privada que el país necesita?
Tercera: la coalición. El acto en Santamaría reunió al Pacto Histórico con sectores de centro, entre ellos el Partido Verde, con la representante Olga Lucía Velásquez, y En Marcha, con Guillermo Rivera. Esa arquitectura es la novedad política de la segunda vuelta. La pregunta que el electorado quiere ver respondida es concreta: ¿qué ministerios, qué proyectos de ley prioritarios y qué pactos de bancada sostendrán ese acuerdo más allá del 21 de junio? Las coaliciones electorales se miden en gobernabilidad, no en fotos.
Cuarta: orden público y Acuerdos de Escazú. El candidato mencionó la protección de líderes sociales y ambientales y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Bien. Pero el país espera, en cualquier transición, señales sobre cómo se articularán las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo frente a los focos de violencia que persisten en Catatumbo, Cauca y Putumayo. Ese capítulo no se cierra con consignas.
El cierre de campaña dejó un mensaje y una hipoteca. El mensaje es que el agua, los páramos y Santurbán pueden ser el eje programático de un eventual gobierno de Cepeda. La hipoteca es convertir esos énfasis en decisiones presupuestales, técnicas y de seguridad sin sacrificar la estabilidad macroeconómica ni la inversión privada que el país necesita. El 21 de junio el electorado decidirá. A partir del 7 de agosto, los hechos.