Una campaña presidencial se define tanto por lo que un candidato dice como por lo que elude. La periodista Sylvia Charry documentó en Cambio que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda declinaron responder un cuestionario preparado por ese medio sobre los asuntos que definirán el próximo cuatrienio. Que la negativa haya sido simultánea es, en sí, un dato político: estamos en la antesala de una segunda vuelta donde el electorado debiera poder comparar trayectorias, programas y respuestas, no eslóganes de treinta segundos.
El listado publicado por Cambio opera como un mapa de las zonas que las dos campañas prefieren no pisar. Para la candidatura de derecha, las preguntas pendientes tocan el nervio institucional. Cambio preguntó, por ejemplo, con qué herramienta jurídica concreta se sortearían los fallos de la Corte Constitucional y las consultas populares anuladas en materia de fracking; qué pasaría si la Corte tumba las megacárceles tipo Bukele propuestas, y cómo se compatibilizarían con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por qué vía constitucional se eliminaría la JEP —blindada por el Acto Legislativo 02 de 2017— si la Corte Constitucional rechaza el intento, lo que según Cambio devolvería la competencia a la Corte Penal Internacional, incluidos los expedientes de falsos positivos. Cambio también preguntó sobre los decretos de emergencia en noventa días, cuando —como recuerda el propio medio— varias normas similares del gobierno Petro terminaron hundidas en el control de constitucionalidad. Y registró la reacción del abogado Germán Calderón España, que tras una investigación de Cambio sobre un contrato por 1.300 millones de pesos de la campaña con una empresa de papel anunció recursos judiciales contra el medio, según reportó el mismo Cambio.
Dos cifras del programa de De la Espriella, recogidas por Cambio en su cuestionario, quedan sin sustento: la promesa de reducir el Estado en un 40% y ahorrar 30 billones de pesos. La pregunta obvia —que el candidato dejó sin responder— es qué partidas concretas se recortan, dado que pensiones, deuda y transferencias concentran la rigidez del gasto público, como señaló el propio cuestionario de Cambio. Una promesa de ese tamaño sin ruta financiera es, en el mejor de los casos, una hipótesis; en el peor, un insumo de mercadeo electoral.
Del lado de Cepeda, Cambio preguntó por la “paz total” que él contribuyó a diseñar como alto comisionado y que, según recogió el medio citando análisis de centros independientes, es considerada un fracaso que fortaleció a los grupos armados. Preguntó también por la “corte anticorrupción” o el sistema paralelo encabezado por el exministro Iván Velásquez, que según el propio cuestionario plantearía un choque de competencias con la Fiscalía y la jurisdicción ordinaria. Y registró, sin respuesta, las promesas de expansión de Colombia Mayor de 3 a 5 millones de beneficiarios y de entrega de un millón de hectáreas —ambas publicadas por Cambio en su cuestionario— en un país con una de las peores crisis fiscales de su historia reciente y una deuda contratada a tasas elevadas, como advirtió el mismo Cambio.
En el medio quedan las instituciones. La independencia judicial, la separación entre Ejecutivo y Fiscalía, el respeto al control de constitucionalidad y a los tribunales internacionales no son temas opinables: son el suelo que sostiene la democracia. Un candidato que propone desmontar la JEP debe explicar por qué vía constitucional piensa hacerlo y qué ocurriría si la Corte le tumba el intento. Una candidatura que propone una justicia anticorrupción paralela debe justificar por qué las instituciones vigentes no alcanzan, sin que la respuesta sea la desconfianza genérica en la rama judicial.
La Bitácora no toma partido por ninguno de los dos aspirantes, pero sí por un principio: el elector colombiano tiene derecho a respuestas, no a guiones de campaña. El silencio ante preguntas documentadas y formuladas por un medio con tradición investigativa no puede presentarse como estrategia electoral. Quien aspire a la Casa de Nariño debe entender que la Presidencia no es un pódium de redes sociales: es un cargo sujeto a control constitucional, a rendición de cuentas y a una ciudadanía que merece saber, antes de votar, qué planea hacer con las instituciones, con el dinero público y con los derechos fundamentales.
Que Cambio haya publicado las preguntas que no obtuvieron respuesta es un acto periodístico valioso. Falta ahora que la prensa, los debates y los ciudadanos exijan a ambos candidatos que respondan —no en un trino, no en un fragmento de tres minutos, sino punto por punto— cada uno de los interrogantes que siguen abiertos. La elección se gana en las urnas, pero la calidad de la democracia se define en la calidad de las preguntas que se le formulan al poder.