Iván Cepeda presentó el 16 de junio un certificado médico expedido por el oncólogo Luis Leonardo Rojas Puentes el 14 de junio de 2026, en el que se consigna que desde 2022 permanece en seguimiento clínico, con controles de laboratorio y estudios de imagen, y que no hay evidencia de nuevas recaídas ni de complicaciones asociadas al tratamiento del cáncer de colon que enfrentó en años anteriores, el cual incluyó cirugía, quimioterapia y nuevas intervenciones tras una recaída.
Lo relevante no es el documento en sí, sino el momento en que se hizo público. Según reportó El Universal de Cartagena, la divulgación ocurrió horas después de que su contendiente en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, difundiera contenidos en redes sobre la condición física del candidato y sus resultados médicos. Es decir, el certificado no se entregó por transparencia preventiva, sino como respuesta a una presión ya instalada en la agenda.
Esa secuencia importa porque invierte el estándar. En una campaña presidencial, la historia clínica de un candidato no es un asunto privado comparable al de cualquier ciudadano: es información directamente relevante para el ejercicio del cargo. Cuando el candidato la entrega solo después de que el adversario la politiza, el gesto deja de ser voluntario y se convierte en una concesión forzada por la dinámica electoral. La pregunta que queda es por qué no se hizo antes, dado que el seguimiento oncológico existe desde hace al menos cuatro años.
El contenido del informe, tal como fue leído por Cepeda, es tranquilizador en lo clínico: estado de salud descrito como óptimo, sin nuevas recaídas, con controles periódicos. Pero un certificado no es lo mismo que una historia clínica completa. El documento expedido por el médico tratante certifica el estado actual; no publica los protocolos seguidos, los centros donde se atendió ni los criterios de alta oncológica. Para un elector que quiera evaluar la información con seriedad, eso es una limitación objetiva.
Hay un segundo punto que la campaña debería atender. La decisión de mantener reserva durante meses, pese a las solicitudes de sectores políticos y de adversarios, solo se revierte cuando el costo electoral de seguir callado supera al costo de abrir el expediente. Esa lógica de oportunidad es comprensible desde el marketing político, pero deja un precedente delicado: cualquier candidato podrá ser sometido en el futuro a la misma presión, y la respuesta razonable —entregar documentación clínica de oficio, no bajo presión— se debilita cada vez que se cede solo ante la amenaza.
El propio Cepeda sostuvo, según la nota de El Universal, que está “plenamente facultado, capacitado y en las mejores condiciones” para ejercer la campaña y la Presidencia. Es una afirmación que el certificado, en lo que se conoce, respaldaría. Pero el elector no vota sobre la base de lo que un candidato dice de sí mismo, sino sobre la coherencia entre lo que dice y lo que muestra. En este caso, lo mostrado llegó tarde.
Una campaña que aspire a estándares institucionales mínimos debería normalizar la publicación proactiva de la información médica relevante para el cargo, sin necesidad de que un contendor la ponga en circulación. Mientras eso no ocurra, cada certificado entregado bajo presión será leído, con razón, como un movimiento defensivo y no como un acto de transparencia.