El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó en Quibdó este 10 de agosto y, desde el puesto de mando unificado, anunció que los recursos para atender la emergencia del terremoto están listos. La condición que puso fue una sola: que primero se caracterice a las víctimas y a los afectados. Hasta que esa información no exista, no hay giro.
El balance preliminar que entregó la Presidencia y que reprodujo Vanguardia habla de 13 personas fallecidas, 119 heridas, 1.467 afectadas y cinco desaparecidas en el Chocó, con entre 1.300 y 1.400 viviendas con algún grado de afectación. Son cifras que, en medio de una emergencia activa, deberían leerse como una fotografía parcial. El propio margen de error que el Gobierno aceptó al hablar de “más de 1.300 y hasta 1.400” lo dice todo: la cuantificación todavía no está cerrada.
La medida más concreta del día fue el anuncio de un subsidio de arriendo para las familias cuyas viviendas deban ser intervenidas. La lógica operativa es razonable: mientras se restauran las casas, las personas se trasladan. Pero el subsidio no fue cuantificado en su monto, ni se anunció la fuente presupuestal, ni el plazo, ni la entidad ejecutora. Sin esos datos, el anuncio funciona más como una señal política que como un compromiso verificable.
Como reportó Vanguardia, el presidente estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Vivienda y Salud. Desde Defensa se movilizaron ingenieros, rescatistas, personal especializado y caninos hacia las zonas impactadas. Desde Salud se informó que los heridos más graves serían remitidos a Medellín, donde, según el Ejecutivo, ya estaría dispuesta la capacidad de recepción. Quedan preguntas básicas: cuántos pacientes requieren remisión, qué hospitales de la capital antioqueña los reciben y con qué disponibilidad de UCI se cuenta.
Hay, además, un elemento de contexto que no puede dejarse de lado. El Chocó soporta desde hace décadas un déficit estructural en vivienda, salud e infraestructura. El propio gobierno reconoció esa herencia y anunció un encuentro regional posterior a la emergencia para revisar las necesidades de los municipios. Esa agenda, si llega a concretarse, debería estar amarrada a indicadores públicos y a cronogramas verificables, no a declaraciones de compromiso.
Como también informó Vanguardia, Estados Unidos anunció un aporte de 15,5 millones de dólares para la atención de la emergencia. Una cooperación de esa magnitud exige, por estándar del derecho internacional y de la cooperación, reportes públicos de ejecución. La sociedad civil y los organismos de control colombianos deberán hacer seguimiento cruzado entre lo que llegue por cooperación, lo que se apropie vía presupuesto nacional y lo que efectivamente se ejecute.
Allí está la fiscalización que viene. La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tienen la palabra. Caracterización de damnificados, contrato o convenio que respalda el subsidio de arriendo, rubro presupuestal afectado, lista de beneficiarios, plazos y supervisión deben quedar publicados, idealmente en Secop II y en portales oficiales. Sin esa trazabilidad, los anuncios pierden su valor y se abre la puerta a la discrecionalidad.
Chocó necesita hoy atención inmediata y, desde mañana, rigor en la rendición de cuentas. Las emergencias no suspenden la obligación de documentar cada peso público. Por el contrario, la elevan.