La pregunta sobre quién manda en Colombia raramente se responde con precisión. Los análisis de poder tienden a quedarse en lo anecdótico, en los nombres de turno, en los escándalos de corto plazo. Pero existe un nivel anterior, más profundo, menos visible: las estructuras familiares que históricamente han capturado las instituciones del Estado y los principales activos económicos del país.
Un libro reciente, según reportó El Diario, documenta esta concentración identificando 119 familias como los actores centrales en la dirección nacional. No es un número arbitrario. Representa el resultado de una investigación que buscaba mapear, de manera sistemática, quiénes han ejercido control sobre decisiones de Estado, acceso a recursos públicos y acumulación de capital durante décadas.
Desde la perspectiva de quien cubre contratación pública en Medellín, esto no sorprende. Los nombres que aparecen en los grandes contratos, en las concesiones, en los consejos directivos de las empresas con mayor volumen de negocios con el Estado, tienden a repetirse. No son individuos aislados. Son redes familiares que trascienden gobiernos, que sobreviven cambios electorales, que mantienen posiciones en el sector público, privado y en las instituciones financieras simultáneamente.
El fenómeno tiene consecuencias concretas. Cuando la concentración de poder es estructural, no coyuntural, las decisiones sobre asignación de recursos públicos, regulación económica y acceso a oportunidades tienden a beneficiar a los mismos círculos. No necesariamente por corrupción explícita —aunque a veces ocurre—, sino por el simple hecho de que las redes de información, confianza y acceso funcionan dentro de esos grupos. Un contrato se adjudica a una empresa porque el funcionario la conoce. Una regulación se diseña de cierta forma porque los consultores que la redactan provienen del mismo círculo que los empresarios afectados.
La pregunta que emerge es si esta concentración es un defecto del sistema actual o una característica estructural de cómo se ha organizado el poder en Colombia desde la independencia. Las evidencias sugieren lo segundo. Las oligarquías regionales del siglo XIX se transformaron en élites económicas del XX, que a su vez se adaptaron a las instituciones democráticas del XXI. Los apellidos cambian menos de lo que creemos.
Esto no significa que no haya movilidad social o que nuevos actores no puedan acceder a posiciones de poder. Ocurre. Pero la velocidad de esa movilidad es lenta, y las barreras de entrada permanecen altas. Un empresario sin conexiones familiares establecidas enfrenta costos de transacción significativamente mayores para acceder a crédito, a contratos públicos, a regulaciones favorables.
Desde una perspectiva institucional, el problema no es que existan élites. Las hay en todas partes. El problema es que en Colombia esas élites no han sido sometidas a los controles que debería imponer un Estado de derecho robusto. La separación de poderes, la independencia judicial, la transparencia en la contratación pública, la regulación efectiva de conflictos de interés: todos estos mecanismos existen en el papel, pero su aplicación ha sido inconsistente cuando se trata de actores con poder real.
La investigación que documenta estas 119 familias cumple una función importante: hace visible lo que habitualmente permanece implícito. Obliga a la conversación pública a pasar del nivel de los escándalos individuales al nivel de las estructuras. Eso es incómodo para cualquier gobierno, porque toca intereses que trascienden cualquier administración en particular.
Lo que falta ahora es la pregunta sobre qué hacer. Identificar la concentración es el primer paso. Pero requiere respuestas que van más allá de la retórica. Reformas reales en transparencia de la contratación pública, regulación del financiamiento político, fortalecimiento de instituciones de control, prohibición efectiva de conflictos de interés en funcionarios públicos. Medidas que, dicho sea de paso, enfrentarían resistencia precisamente de quienes se benefician de la estructura actual.
La historia muestra que las élites raramente se autorefuerman. Los cambios en la concentración del poder suelen venir de presión externa, de crisis que hacen insostenible el statu quo, o de instituciones lo suficientemente fuertes como para imponerlos. En Colombia, esa presión institucional ha sido débil. Y eso, más que las 119 familias en sí, es el verdadero problema.