Una mujer de 25 años fue capturada en flagrancia el pasado jueves en la estación Buitrera, sur de Cali, tras agredir físicamente en el rostro a una guarda de seguridad del Sistema Masivo MIO y empujarla hacia la plataforma por donde circulan los buses articulados. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad del sistema, según reportó Caracol Radio Cali.
De acuerdo con la capitán Juliana Quintana, jefe de Policía del Sistema de Transporte Masivo MIO, citada por ese mismo medio, la agresión se habría producido cuando la funcionaria le solicitó a la usuaria el cumplimiento de los requisitos para el ingreso de caninos al sistema: bozal y carnet de vacunación. La detenida fue imputada por el delito de lesiones personales.
Por su parte, Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali, calificó el hecho como irresponsable y advirtió que un vehículo del sistema podía haber circulado en ese momento por la plataforma. Como reportó Caracol Radio, Rengifo señaló: “Estamos ante un hecho que pudo haber terminado en una tragedia, incluso con la pérdida de una vida humana”.
Lo relevante no es únicamente este episodio. Con esta captura ya son cinco las personas detenidas en lo corrido de 2026 en distintas estaciones del MIO por agresiones contra guardas de seguridad, según el recuento de las autoridades citado por Caracol Radio. Cinco casos en seis meses dibujan una pauta que la administración del sistema y las autoridades locales no pueden seguir tratando como hechos aislados.
El personal de seguridad del transporte masivo opera en una zona gris. No son funcionarios de policía, pero ejercen una función de control de acceso que los expone a la primera línea de conflicto con los usuarios. Cuando esa función es desconocida o desobedecida con violencia, el Estado tiene dos obligaciones simultáneas: judicializar al agresor y respaldar al trabajador agredido. La flagrancia y la captura documentadas en Buitrera cumplen con la primera; sobre la segunda, no hay información pública sobre programas de protección, atención psicosocial o estabilidad laboral para los guardas lesionados en el ejercicio de su función.
También queda pendiente la discusión sobre las normas del sistema. La exigencia de bozal y carnet de vacunación para el ingreso de caninos al MIO está sustentada en criterios de seguridad y salud pública. Su cumplimiento no es optativo, y los operadores tienen el deber de hacerlo exigible. El problema surge cuando la negativa del usuario deriva en agresión y el mecanismo de respuesta depende, en buena medida, de la reacción de la Policía del sistema. ¿Es sostenible esa dependencia como política de convivencia en un sistema que mueve cerca de medio millón de usuarios al día?
La Fiscalía y los jueces de garantías deberán definir la situación jurídica de la detenida conforme al debido proceso. Mientras tanto, el dato objetivo es que Cali acumula cinco capturas por hechos similares en lo que va del año. La pregunta que Metro Cali y la Alcaldía deben responder es si tienen un plan concreto para que la sexta, la séptima y la decimotercera no ocurran.