La congresista Claudia Romero denunció haber recibido una corona fúnebre como forma de intimidación. El hecho ocurre en un contexto donde varios legisladores han reportado amenazas en los últimos meses, particularmente aquellos críticos con políticas del gobierno actual.
Romero pidió a las autoridades competentes que investiguen el incidente y garanticen su seguridad. En su comunicado, enfatizó que no permitirá que actos de intimidación limiten su labor legislativa. No hay detalles públicos sobre si se ha abierto investigación formal o si la Fiscalía ha tomado el caso.
La amenaza refleja un patrón preocupante: legisladores de diferentes bancadas han reportado intimidaciones coordinadas en redes sociales y ahora, aparentemente, fuera de ellas. Aunque estas denuncias no son nuevas en el Congreso, el uso de símbolos fúnebres como método de presión marca un escalamiento en la forma de las amenazas. Las autoridades tienen obligación de investigar sin dilación y, si es necesario, asignar medidas de protección. La seguridad de los congresistas, independientemente de su posición política, es un asunto de Estado de derecho.