Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto con un compromiso sobre la mesa y un hueco en las cuentas. Su promesa de elevar el subsidio de Colombia Mayor a $400.000 mensuales, formulada durante la campaña, quedó esta semana condicionada a una operación previa: cubrir un faltante de $3,2 billones que, según sus palabras, el programa arrastra para los pagos de agosto a diciembre. La cifra, atribuida por el presidente electo a la revisión de su equipo de empalme, no ha sido todavía contrastada con un documento presupuestal público.
El dato no es menor. Colombia Mayor atiende hoy a cerca de tres millones de adultos mayores, con transferencias diferenciadas: $80.000 mensuales para beneficiarios menores de 80 años y $225.000 para quienes superan esa edad, de acuerdo con la información consignada por El Colombiano. Un salto a $400.000 implica multiplicar por cinco el valor del giro para el primer grupo y casi duplicarlo para el segundo, en un escenario donde la prioridad inmediata no es subir la transferencia, sino pagarla.
De la Espriella fue explícito en la cadena de decisiones: primero, garantizar la continuidad de los pagos; segundo, “poner la casa en orden” mediante recortes de gasto innecesario; tercero, reasignar recursos hacia el programa. Anunció que la próxima directora del Departamento para la Prosperidad Social, Sandra Suárez, y el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, tendrán a su cargo la consecución de los $3,2 billones. También mencionó que el vicepresidente y el jefe de la cartera económica trabajan en identificar fuentes de financiación, y aludió a un respaldo de organismos multilaterales, el sistema financiero y el sector privado, sin precisar montos ni instrumentos.
Hay tres consideraciones que el nuevo gobierno debería atender desde el primer día, con el mismo rigor con que se difundió la promesa del aumento.
La primera es la transparencia del diagnóstico. Si el faltante corresponde a una subejecución, a un rezago en giros del Presupuesto General de la Nación o a una reprogramación de transferencias, la ciudadanía necesita conocer el origen. La trazabilidad está en los rubros del Ministerio de Hacienda, en los registros del SIIF y en los reportes de Prosperidad Social. Sin esa auditoría, cualquier ajuste se parecerá más a un ajuste contable que a una decisión de política social.
La segunda es la sostenibilidad de la promesa. Elevar el subsidio a $400.000 mensuales para tres millones de beneficiarios costaría, en el orden de magnitud más conservador, alrededor de $1,2 billones al mes, es decir, cerca de $14,4 billones al año. Esa cifra, que no aparece desagregada en las declaraciones recogidas por El Colombiano, debe compararse con el espacio fiscal real y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Prometer sin chiffrar es la fórmula más eficiente para decepcionar.
La tercera es el orden institucional. La continuidad de los pagos de agosto a diciembre requiere decisiones administrativas inmediatas: vigencias futuras, modificaciones presupuestales y, eventualmente, operaciones de caja. Un país serio ejecuta esas tareas en los primeros diez días de gobierno, no en los primeros diez meses.
Colombia Mayor es la primera prueba de fuego del Ejecutivo que arranca. Si la promesa de los $400.000 llega antes que el primer giro completo, el gobierno habrá fallado en su primer acto. Si el primer giro completo llega antes que la promesa, De la Espriella habrá demostrado algo que este país necesita con urgencia: que la política social se construye con presupuesto, no con discursos de cierre de campaña.