Prosperidad Social confirmó que el quinto ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor operará entre el 5 y el 24 de junio, pero con un ajuste administrativo que refleja una realidad institucional: los procesos de gasto social deben ceder ante los eventos electorales.
La entidad beneficiará a 3 millones de personas mayores durante este ciclo. Sin embargo, la ejecución será fraccionada. La primera fase correrá del 5 al 18 de junio. Luego, las actividades se suspenderán durante el fin de semana electoral —que incluye la segunda vuelta presidencial del 21 de junio— y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio para completar los pagos.
Esta pausa no es menor. Implica que una población vulnerable, dependiente de transferencias mensuales para subsistencia, debe esperar días adicionales mientras el Estado atiende compromisos electorales. La decisión es administrativamente correcta desde la perspectiva de seguridad pública y logística electoral, pero expone una tensión permanente en la gestión de programas sociales: la concurrencia de calendarios.
Según reportó Caracol Radio, Prosperidad Social habilitó más de 31.000 puntos de pago a través de SuRed y SuperGiros en zonas urbanas y rurales. Esta infraestructura es relevante porque reduce la presión sobre bancos tradicionales y acerca el servicio a territorios dispersos. Sin embargo, la efectividad depende de que los beneficiarios conozcan los puntos autorizados y eviten intermediarios, que suelen cobrar comisiones informales.
La entidad reitera que todos los trámites son gratuitos y que debe consultarse únicamente a canales oficiales. Esta advertencia es necesaria. En contextos de pobreza extrema y moderada —donde se concentran los beneficiarios de Colombia Mayor— la desinformación facilita fraudes. El SISBÉN IV identifica a la población elegible en los grupos A, B y hasta C1, criterios que supuestamente garantizan focalización, aunque la experiencia muestra que la cobertura real sigue siendo insuficiente.
Un elemento que merece atención es la transición hacia billeteras digitales. Prosperidad Social avanza en la implementación de transferencias directas a cuentas bancarias y aplicaciones como Nequi, Daviplata y Movii. Esta modernización es positiva en teoría: reduce intermediarios, acelera acceso y disminuye costos de desplazamiento. Pero requiere que una población mayoritariamente analfabeta digitalmente —y con acceso limitado a internet en zonas rurales— logre adoptar estas herramientas. La entidad promete “procesos de orientación”, pero la brecha entre intención y ejecución en programas de inclusión financiera es conocida.
El requisito de residencia en Colombia durante los últimos diez años, la edad mínima de 54 años para mujeres y 59 para hombres, y la ausencia de rentas que garanticen subsistencia, son criterios que en principio están bien definidos. El problema radica en la verificación. Falsos positivos y falsos negativos en la identificación de beneficiarios son comunes en sistemas de focalización de este tamaño.
La pausa electoral del 21 de junio también plantea una pregunta sobre la capacidad institucional. Si un programa de esta magnitud —3 millones de beneficiarios— debe detenerse por un evento electoral, ¿qué ocurre con otros servicios? ¿Se suspenden también? La respuesta es que algunos sí, otros no, dependiendo de la naturaleza del servicio y de decisiones ad hoc de cada entidad. Esta fragmentación debilita la predictibilidad de la acción estatal.
Lo que está en juego no es solo la logística de pagos, sino la confiabilidad de las instituciones ante una población que depende de ellas. Cuando Prosperidad Social anuncia fechas, puntos de pago y canales, está haciendo un contrato implícito con 3 millones de personas. Cumplirlo sin demoras innecesarias es obligación básica. La pausa electoral es justificada, pero debe comunicarse con claridad y ejecutarse sin improvisaciones.
La modernización hacia billeteras digitales es bienvenida si viene acompañada de capacitación real, no solo de formularios. Y la infraestructura de 31.000 puntos de pago es útil solo si los beneficiarios saben dónde están y confían en que no serán defraudados.
Por ahora, Prosperidad Social ha cumplido con informar. El reto es que el adulto mayor colombiano reciba lo que le corresponde sin obstáculos administrativos ni sorpresas.