El Gobierno presentó esta semana en Barranquilla el programa Colombia Solar, iniciativa que busca instalar sistemas fotovoltaicos en viviendas de estratos 1 y 2 con una meta de un millón de hogares beneficiados. La anunciada fase piloto contempla 2.700 viviendas en la capital del Atlántico, de las cuales 500 fueron entregadas en el acto de lanzamiento presidencial.
Sobre el papel, la propuesta tiene lógica. Colombia posee un potencial solar significativo, especialmente en regiones como La Guajira. Las tarifas eléctricas del Caribe han sido históricamente altas. Reducir costos energéticos en hogares vulnerables es un objetivo legítimo de política pública. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, enfatizó que se trata de una iniciativa de largo aliento, no de promesas electorales.
Pero aquí comienza el problema. La ambición del programa contrasta con la ausencia de información sobre su estructura financiera. ¿Cuál es el presupuesto total asignado? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Qué mecanismo de contratación se utilizará para adquirir e instalar los paneles? ¿Cuál es el cronograma específico para alcanzar el millón de hogares?
Estas preguntas no son caprichosas. Son las que debe responder cualquier proyecto de inversión pública de esta escala. El Gobierno nacional ejecuta sus compras a través de Secop II. Hasta ahora, no hay registro de procesos de contratación masiva para suministro de sistemas solares residenciales que correspondan a esta iniciativa. Eso puede cambiar, pero la opacidad inicial es preocupante.
El ministro Palma citó un video del presidente Petro como candidato hablando sobre energía solar. Que una idea tenga antecedentes es positivo. Que se ejecute es distinto. La historia de la administración Petro registra varios anuncios de programas sociales de gran envergadura que han avanzado lentamente o enfrentado obstáculos de implementación no comunicados públicamente.
Hay un segundo ángulo. El programa menciona que Air-e, la empresa distribuidora intervenida por el Gobierno en la región Caribe, debe “asumir un papel más activo” en la transición energética. ¿Qué significa eso operativamente? ¿Será Air-e quien ejecute las instalaciones? ¿Habrá terceros contratistas? La intervención de Air-e ha sido compleja; la empresa enfrenta problemas de cobertura, calidad del servicio y situación financiera. Cargar sobre ella un programa de esta magnitud sin claridad sobre capacidades y recursos es riesgoso.
El proyecto piloto en el barrio Villas de San Pablo de Barranquilla es observable. Cientos de viviendas con paneles solares son verificables. Eso es un punto a favor. Pero cientos no son 2.700, y 2.700 no son un millón. El salto de escala en programas públicos no es automático. Requiere capacidad institucional, financiamiento sostenido, cadena de suministro confiable y supervisión.
El Gobierno también anunció un sistema fotovoltaico para una empresa de cannabis medicinal en Baranoa. El proyecto tiene capacidad de 105,1 kWp y reducirá emisiones de CO2. Es un caso de uso legítimo de energía solar. Pero no es lo mismo subsidiar paneles para hogares vulnerables que financiar sistemas para agroindustria, incluso medicinal. Los incentivos, los retornos esperados y la viabilidad financiera son distintos.
La pregunta que debe formularse ahora es si Colombia Solar es un programa de política pública con financiamiento identificado, cronograma realista y mecanismos de supervisión claros, o si es una iniciativa de comunicación política con componentes ejecutables pero sin visión integral de implementación.
La Contraloría General de la República y las entidades de control fiscal tienen la responsabilidad de monitorear. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto cuesta por vivienda, quién ejecuta, cuál es el plazo y cómo se garantiza calidad. Mientras eso no esté público y documentado en Secop II, la ambición del programa permanece en el terreno de la intención.
No se trata de negar mérito a la iniciativa. Se trata de exigir que la política pública funcione con transparencia y rigor. Colombia Solar puede ser un aporte real a la transición energética nacional. Pero eso depende de que el Gobierno responda las preguntas que no ha respondido aún.