Kevin Santiago Ángel fue asesinado en Bosa. La comunidad se reunió en velatón para exigir respuestas y justicia.
El cuestionamiento no es nuevo en Bogotá ni en Colombia. Cada homicidio de un educador vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: por qué el sistema de justicia tarda tanto en responder, por qué los casos quedan sin resolver, por qué la prevención falla antes de que ocurra la tragedia.
La zona de Bosa concentra vulnerabilidades que ya conocemos: presencia de grupos armados ilegales, tráfico de drogas, disputas por territorio. Los profesores que trabajan en esas comunidades están en primera línea. No tienen escolta. No tienen protección especial. Atienden a estudiantes cuyos padres muchas veces están atrapados en dinámicas que van más allá de la escuela.
Lo que pasó con Ángel no es un acto aislado. Es síntoma. Y la velatón es la respuesta ciudadana cuando las instituciones no responden a tiempo. Cuando la Fiscalía no comunica avances, cuando no hay detenidos rápidamente, cuando la comunidad se siente abandonada, la gente sale a la calle. Eso es lo que pasó.
Para el Estado, esto es un fracaso doble: no pudo prevenir el crimen y tampoco pudo contener la angustia pública con transparencia. La justicia lenta no es justicia. Y en Bosa ya lo sabían.