El gobierno de Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa una propuesta que el gobierno de Gustavo Petro había dejado en suspenso: la cotización por horas al sistema de pensiones. La discusión no es nueva en el derecho laboral comparado, pero en Colombia lleva años atrapada entre la demagogia electoral y la inacción técnica.
El modelo de cotización por horas parte de una evidencia que el Dane reporta en cada medición del mercado laboral: una proporción creciente de la ocupación trabaja por jornadas fragmentadas, contratos por prestación de servicios o tareas intermitentes. Para esos trabajadores, la cotización mensual sobre un salario mínimo completo resulta prohibitiva, y la alternativa —no cotizar— condena a millones a la vejez sin ingreso distinto a Colombia Mayor.
Según reportó Caracol Radio, la propuesta fue relanzada por el nuevo gobierno como respuesta a un problema estructural que ninguna reforma pensional ha resuelto de manera satisfactoria: la cobertura. La reforma aprobada en 2024 universalizó la cotización a través del PILA, pero dejó intacta la pregunta sobre cómo paga quien tiene ingresos volátiles.
Hay tres objeciones técnicas que la propuesta debe responder antes de cualquier debate político. Primera, la suficiencia actuarial. Un fondo de pensiones requiere densidad de cotizaciones y montos sostenidos; cotizar por horas con base en un ingreso eventual reduce la base y desplaza el riesgo al sistema. Segunda, la trazabilidad. Colombia arrastra un déficit histórico en la fiscalización de aportes, y un esquema horario exige reportería en tiempo real entre empleador, trabajador y operador de pila. Tercera, la transición. El régimen de ahorro individual con sus cuentas existentes y el régimen de prima media con sus requisitos de semanas requieren reglas claras de compatibilización.
El gobierno saliente había propuesto modalidades similares dentro del articulado de la reforma a la salud, sin éxito en su trámite. Que ahora sea el gobierno entrante quien lo impulse abre una oportunidad, pero también un riesgo: que el debate se convierta en disputa de marca entre dos administraciones en lugar de una discusión técnica con Colpensiones, las AFP, el Ministerio de Hacienda y la Anif en la mesa.
La Bitácora ha sido enfática en que cualquier modificación al sistema pensional debe pasar por cálculo actuarial serio, no por eslogan de campaña. La universalización prometida en 2024 quedó corta en financiación: el déficit del sistema sigue dependiendo de transferencias del Presupuesto General, y adicionar un esquema horario sin fuente presupuestal identificada agravaría la presión sobre las finanzas públicas.
El camino correcto es conocido. Se necesita un estudio de la Superintendencia Financiera sobre impacto fiscal, una proyección actuarial de la UAÉ respecto de la rentabilidad esperada de cotizaciones por horas, y un concepto del Ministerio de Hacienda sobre el efecto en el pasivo pensional. Después, proyecto de ley con mensaje de urgencia, audiencias públicas y debate técnico en las comisiones séptimas de Cámara y Senado.
Lo que Colombia no necesita es otra promesa de cobertura universal sin hoja de ruta. Los trabajadores informales —más del 55% de la ocupación según las cifras más recientes— merecen respuestas técnicas, no declaraciones en alocución presidencial. Si De la Espriella quiere distinguirse de su antecesor, que lo haga con un documento Conpes, no con un titular.