El programa Computadores para Educar, ahora Tecnologías para Aprender, emitió un comunicado el viernes 22 de mayo confirmando lo que medios como Caracol Radio ya habían reportado: una compra masiva de computadores defectuosos llegó a colegios públicos del país entre 2022 y 2023.
Según el programa, de los 60 mil equipos Compumax adquiridos por contrato de 45 mil millones de pesos con Selcomp Ingeniería S.A.S., se identificaron 41.259 portátiles con problemas críticos. El comunicado de CPE describe equipos que no encendían, no iniciaban correctamente, se congelaban o mostraban pantalla azul de error. La institución reportó que la falla afectó la educación de cerca de un millón de estudiantes.
Para quien no siguió el hilo: según Caracol Radio, los controles de calidad fueron prácticamente inexistentes. De un lote inicial de 310 equipos, revisaron solo 32. En otra entrega de 13 mil computadores, probaron apenas 200. La Contraloría investiga el caso desde 2024.
CPE identificó un conflicto estructural: Selcomp Ingeniería S.A.S. no solo vendió los computadores, sino que también operaba el centro de servicio donde llegaban las denuncias sobre fallas. El programa calificó esto como “inaceptable” en su comunicado, porque la misma empresa que entregaba los equipos recibía y gestionaba las quejas sobre su propio producto. Esa estructura impidió una vigilancia efectiva sobre la calidad.
En diciembre de 2025, CPE declaró el incumplimiento total de la orden de compra mediante Resolución 120. Esto activó la póliza de cumplimiento: Seguros del Estado S.A. pagó 4.500 millones de pesos. El programa también elevó denuncias formales a la Contraloría, donde lleva dos años bajo investigación.
CPE señaló que los recursos recuperados se usarán para adquirir nuevos equipos y reparar a las instituciones afectadas. También aclaró que la contratación original se realizó durante el gobierno anterior.
Lo que queda abierto es cómo una estructura con ese nivel de conflicto de intereses pasó los controles administrativos iniciales. La respuesta dependerá de lo que encuentre la Contraloría en su investigación en curso.