El 16 de agosto de 2025, el Concejo de Bogotá entregó la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José. Cinco días después, el 21 de agosto de 2026, Caracol Radio reportó que ese mismo exsecretario fue condenado a tres años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía en el que admitió haber autorizado la expedición de diplomas falsos en favor de Juliana Guerrero.
La cronología, por sí sola, debería incomodar a la corporación distrital. La postulación fue del concejal Edward Arias, de la Alianza Verde, según la misma nota de Caracol Radio, y exaltó la labor de Gutiérrez al frente de la secretaría general de la Fundación San José. En su discurso de aceptación, el ingeniero habló de “la transformación de Colombia a través de la educación” y mencionó cifras de impacto institucional: 350 mil estudiantes, presencia en 1.050 municipios y 20 países.
Tres observaciones.
Primera. Una condecoración institucional no es un cheque en blanco. La Orden José Acevedo y Gómez es una de las distinciones más altas que entrega el Concejo. Cuando se concede a alguien que posteriormente es condenado por falsificación de títulos académicos, el problema no es solamente del homenajeado: es de quien postula, de quien avala en comisión y de quien vota en plenaria. La trazabilidad del procedimiento, имен con nombres propios, debería ser materia de un pronunciamiento público de la mesa directiva.
Segunda. El Concejo de Bogotá tiene a su disposición la consulta pública de antecedentes judiciales, la base de la Fiscalía y los registros de la Procuraduría. Si el esquema de debida diligencia que aplica a un ciudadano común —el mismo que cualquier analista del Secop revisa antes de recomendar un contratista— se hubiera aplicado a este expediente, la distinción habría esperado. No hay evidencia pública de que se haya hecho.
Tercera. El daño reputacional no se concentra en una bancada. La Alianza Verde postuló, pero la condecoración requiere el respaldo de la Plenaria. Esto vuelve el episodio un asunto de gobierno corporativo del Concejo, no de un partido en particular. La Bitácora ha sostenido en otras columnas que las dignidades municipales se degradan cuando se vuelven canje de favores políticos; este caso encaja en el patrón.
Hay un detalle adicional que conviene anotar. La Fundación Universitaria San José no es una institución menor. Si las cifras de cobertura que Gutiérrez mencionó en su discurso son correctas, el escándalo de los títulos falsos compromete la credibilidad de una entidad que opera en buena parte del territorio nacional. La reacción de la Fundación —pública y verificable— será tan importante como la decisión judicial.
La columna no sugiere que la condena anule retroactivamente la condecoración. Sí señala que hay preguntas pendientes: ¿qué filtros se aplicaron?, ¿qué concejal o bancada impulsó efectivamente la postulación en comisión?, ¿hay otros homenajeados recientes que estén hoy vinculados a investigaciones activas?
El Concejo de Bogotá bien puede responder con transparencia. Si no lo hace, la sospecha будет razonable.
Fuentes citadas: