La Comisaría de Familia de Cartagena ejecutó una orden de desalojo contra el candidato presidencial Santiago Botero tras denuncias de su exesposa, Manuela Echeverri Hoyos. Según reportó Vanguardia, el proceso se adelantó por alegaciones de violencia psicológica y económica, y resultó en una medida que le prohíbe acercarse a su expareja y a un menor de diez meses de edad.
El comisario de familia Amin Sanabria Aislant declaró a la revista Semana que durante la diligencia Botero se negó a colaborar. Según la versión del funcionario, el candidato permanecía en el apartamento y realizó amenazas contra los abogados que asistían a la expareja. “Dijo que iba a dar balín a los abogados”, citó el comisario en su relato a Semana.
Ante esto, Botero respondió con una estrategia que merece análisis. No desarrolló una defensa sobre los hechos alegados. En cambio, negó categóricamente los problemas con su expareja —describiéndola como “una excelente mujer”— y atribuyó las acusaciones a una estrategia de “política sucia y rastrera” orquestada por otros candidatos. En un comunicado adicional, enmarcó los eventos como un ataque con “intereses políticos”, sin proporcionar detalles sobre su versión de los hechos específicos.
Este patrón de respuesta plantea una pregunta institucional más amplia: ¿es suficiente, para un candidato presidencial, negar una orden ejecutada por autoridad competente y atribuirla a conspiración política?
En materia de violencia intrafamiliar, la atribución de responsabilidad corresponde a los juzgados especializados, no a la opinión pública ni a campañas electorales. Eso es correcto. Pero también es cierto que cuando un candidato enfrenta una orden de desalojo por estas causas, existe un interés público legítimo en conocer cómo responde ante una medida judicial.
La respuesta que ha dado Botero hasta ahora no es defensa institucional. Una defensa institucional habría incluido: precisión sobre qué hechos niega, cuál es su versión de los eventos, qué pruebas respaldan su posición, y si reconoce o controvierte la orden judicial. En cambio, lo que se observa es negación genérica seguida de acusación de complot.
Esto importa porque establece un precedente sobre cómo los candidatos presidenciales responden a órdenes judiciales que los afectan. Si la respuesta válida es simplemente negar y acusar de conspiración, se debilita la institucionalidad que estos mismos candidatos juran defender.
La declaración del comisario sobre amenazas contra abogados, si es confirmada por registros adicionales o testimonios, constituiría un asunto separado de orden público que merece verificación independiente. Eso también requiere claridad.
Lo que está claro es que la orden de desalojo subsiste, fue ejecutada por autoridad competente, y la medida de protección permanece vigente. Hasta que un juzgado resuelva de otra manera, esa es la realidad institucional. Los candidatos presidenciales no están exentos de responder ante esa realidad con argumentos, no con acusaciones de conspiración. Las familias colombianas que enfrentan órdenes similares tampoco tienen ese lujo.
La institucionalidad exige que se demuestre, ante los juzgados y con evidencia, cuál es la versión de los hechos. Eso es lo que falta en esta respuesta.