El 7 de agosto de 2026, en la antesala de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se dirigió a medios nacionales desde Barranquilla con un conjunto de declaraciones sobre la política de “paz total” y sobre el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. Según reportó Infobae Colombia, entre sus afirmaciones incluyó una comparación que el propio Iván Cepeda interpreta como una imputación de pertenencia a “organizaciones armadas ilegales”. Dos días después, el senador anunció que interpondrá denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por calumnia.
Lo que está en juego trasciende el cruce personal entre dos dirigentes que comparten apellido y discrepan en todo lo demás. Está en juego el umbral tolerable de la descalificación en la política colombiana.
Según Infobae, Iván Cepeda calificó las declaraciones de “calumniosas y mendaces” y sostuvo que ese tipo de señalamientos, en su criterio, promueven agresiones en su contra y agravan las amenazas que ya recibe. El senador añadió, en su cuenta oficial de X, que espera que la Fiscalía llame al dirigente conservador “a responder por sus actos ante la justicia”. La denuncia quedó formalmente anunciada el 9 de agosto.
Si la lectura de Iván Cepeda prospera en la denuncia, lo que se discutirá en la Fiscalía no será un exabrupto retórico sino la posible configuración del tipo penal de calumnia, que en Colombia exige la imputación falsa de un delito concreto. La jurisdicción deberá evaluar si las expresiones del presidente del Partido Conservador caen en ese supuesto o si, por el contrario, quedan amparadas por la libertad de expresión política, de rango constitucional. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido insistente en que el debate público robusto tolera afirmaciones fuertes, siempre que no constituyan acusaciones puntuales de hechos delictivos sin sustento. En este caso, la expresión que Infobae transcribe se mueve en una zona ambigua: usa un término asociado a la pertenencia a grupos armados, pero lo hace en clave comparativa.
Lo que no es ambiguo es el efecto político del episodio. En un país donde el asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de 2016 no se ha detenido, donde la Unidad de Protección tramita solicitudes de esquemas de seguridad para congresistas de manera rutinaria, y donde la violencia política ha costado la vida a decenas de figuras locales en la última década, ¿qué gana el debate público cuando se rotula a un opositor con un término que históricamente ha precedido a la violencia física?
Desde La Bitácora hemos sido críticos consistentes de la llamada “paz total” del gobierno saliente de Gustavo Petro. Hemos señalado sus ambigüedades, sus zonas grises con organizaciones armadas y los riesgos de confundir desmovilización con sometimiento. Pero esa crítica se sostiene con argumentos, con cifras de Secop y de la Fiscalía, con seguimiento a los decretos de sometimiento. ¿Por qué habría de necesitar, o beneficiarse, de imputaciones genéricas de pertenencia a grupos ilegales lanzadas contra adversarios políticos?
El conservatismo que preside Efraín Cepeda tiene tradición de defensa institucional. Fue esa tradición la que le permitió al partido ser columna vertebral de gobiernos de diversa orientación en las últimas décadas. ¿Qué cálculo estratégico llevó a esa dirigencia a pronunciar, en la antesala de una posesión presidencial, una frase que abre un flanco judicial y debilita el propio capital institucional del partido?
La política colombiana necesita que sus dirigentes se diferencien por lo que proponen, no por lo que imputan. La denuncia penal anunciada por Iván Cepeda seguirá su trámite en la Fiscalía. El daño al lenguaje público, en cambio, ya está hecho.