¿Dónde termina la devoción personal y dónde comienza el teatro político? La pregunta, formulada con la precisión que amerita, nos interpela desde Chiquinquirá, donde el presidente electo Abelardo de la Espriella asistió este jueves a una misa campal para cumplir una promesa religiosa hecha en campaña a Nuestra Señora del Rosario. La ceremonia, presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón, no es un dato menor en la cartografía simbólica del poder que se avecina.
No pretendo aquí juzgar la intimidad espiritual de ningún hombre. La fe, como decía Tocqueville, es la primera de las instituciones políticas en las sociedades democráticas, no porque el Estado imponga un credo, sino porque moldea los hábitos del corazón que hacen posible la vida en común. Pero hay una diferencia abismal entre la religiosidad que informa el carácter público de un gobernante y la exhibición calculada de esa religiosidad como instrumento de legitimación. La primera es virtud republicana; la segunda, mutatis mutandis, es demagogia sacralizada.
De la Espriella no es el primero ni será el último. La tradición hispanoamericana está poblada de promesas cumplidas, de romerías presidenciales, de vínculos explícitos entre altar y balaustrada. Desde Belisario Betancur hasta Álvaro Uribe, pasando por los santos de escapulario de la era del Frente Nacional, la política colombiana ha sabido traducir el lenguaje teológico en capital electoral con notable eficacia. Lo que merece examen no es el gesto aislado, sino su inserción en una secuencia: la visita a San Pedro de los Milagros en Antioquia, la peregrinación a Las Lajas en Nariño, ahora Chiquinquirá. Un itinerario mariano que dibuja, con la precisión de un estratega, el mapa de una Colombia que el movimiento “Defensores de la Patria” pretende representar.
Hay algo más. La promesa religiosa cumplida funciona como contraseña identitaria. Dice, sin necesidad de articularlo: “Yo soy de los de ustedes”. Establece una complicidad afectiva con sectores donde la fe popular es estructura de sentido, no mero ornamento cultural. Es, en términos arendtianos, una forma de acción en el espacio público que busca crear comunidad de pertenencia antes que argumentar políticamente. El riesgo, como siempre, está en la confusión de categorías: cuando el mandatario se presenta como elegido por designio providencial más que por sufragio soberano, cuando la obediencia debida al Estado se confunde con la obediencia debida a Dios, cuando la crítica al gobernante se lee —o se lee queriendo— como sacrilegio.
El contrapunto llega desde Cúcuta, en la misma jornada noticiosa. Allí, De la Espriella declaró objetivos militares a alias Alfred del ELN y a alias Andrey de las disidencias de las Farc, fijando un plazo de un mes para su entrega. El mensaje, duro y explícito, contrasta con la liturgia de Chiquinquirá. ¿Son gestos coherentes o compartimentados? El cristianismo político, desde Agustín hasta Maritain —y Tomás, solo cuando el caso lo pide—, ha debatido la compatibilidad entre el mandamiento de la paz y el deber de la justicia punitiva. La cuestión no es filológica: es constitucional. La fuerza pública profesional que defendemos en esta bitácora no requiere bendiciones previas para actuar, sino mandato legal y control judicial. La promesa a la Virgen no debe ser, en el orden público, más que eso: promesa personal, no programa de gobierno.
Me detengo en un detalle. El gobernador Carlos Amaya, derrotado en su apuesta por Iván Cepeda, ofreció una lección de institutionalidad que conviene subrayar: “Tengo toda la voluntad de relacionarme con la institucionalidad”. El reconocimiento de resultados, el trabajo con quien no se votó, la priorización del interés territorial sobre la lealtad partidista. Son gestos que no requieren misas campales para ser legítimos, solo ciudadanía republicana. Si la nueva administración aspira a gobernar para todos —incluso para quienes no creen, para quienes creen distinto, para quienes ven en la promesa pública una promesa a todos los colombianos sin distinción de credo— deberá cuidar que los símbolos religiosos no funcionen como líneas de exclusión.
La democracia, recordaba Popper, es el sistema que permite al gobierno ser destituido sin derramamiento de sangre. Esa posibilidad de remoción pacífica requiere que el mandatario se presente como lo que es: un servidor temporal, no un enviado trascendente. La promesa cumplida a la Virgen de Chiquinquirá puede ser, en su mejor versión, expresión de gratitud personal. En su peor, anticipo de una presidencia que confundirá la voluntad divina con la propia, y cerrará con símbolos sagrados el espacio de la disensión que la res publica exige.