El 7 de agosto suele ser, en la tradición republicana colombiana, una fecha que el poder prefiere atravesar en silencio. En el calendario cívico está asociada a la Batalla de Boyacá de 1819 y, en tiempos más recientes, a episodios que el gobierno de turno ha intentado reescribir. La coincidencia no es menor: a un presidente que ha hecho de la confrontación con el pasado reciente una bandera política le resulta incómodo que la fecha convoque, cada año, a quienes reivindican un orden distinto al que él propone.
Lo que se observa en las últimas semanas es un patrón consistente. Las alocuciones oficiales evitan el aniversario. Los actos públicos se programan en fechas distintas o se reorientan hacia otras conmemoraciones. No es casual: el 7 de agosto quedó asociado, en la conciencia institucional, a un momento de quiebre en el que la fuerza pública actuó bajo un gobierno que la defendía, no contra ella.
La administración actual, en cambio, ha construido su relato sobre la premisa opuesta. Ha promovido reformas a la Policía, ha llamado a consultas populares sobre asuntos que no le competen al Ejecutivo y ha premiado, con cargos y contratos, a los mandos que se alinean con su proyecto. La consecuencia es predecible: la fecha ya no puede conmemorarse sin que el contraste se vuelva incómodo. Y los gobiernos que se sienten incómodos con su propia historia reciente suelen responder de dos maneras: con silencio o con intento de sustitución simbólica. Este gobierno ha optado por la segunda vía.
El problema no es retórico. Es institucional. Cuando un Ejecutivo decide qué fechas se conmemoran y cuáles se omiten, está ejerciendo una función que la Constitución le reserva a otros poderes. La memoria oficial de la Nación no es patrimonio de quien gobierna por cuatro años; es un activo de la República, y su manipulación erosiona la confianza en las instituciones que esas fechas deberían honrar.
Por eso la fecha duele. No por lo que se recuerda, sino por lo que se intenta olvidar. La ciudadanía informada — esa que lee gacetas, consulta el Secop II y revisa los decretos antes de celebrarlos — sabe que la historia no se borra con un comunicado. Sabe también que los aniversarios sirven, ante todo, para medir la distancia entre el país que se dice y el país que se gobierna. Y en ese cálculo, el saldo de los últimos tres años no le favorece al Ejecutivo.
Queda esperar que la Corte Constitucional, en su autonomía, y el Congreso, en su función de control, recuerden lo que el gobierno prefiere no mencionar. La República es más grande que un periodo presidencial, y las fechas, para bien o para mal, no se negocian.
Como publicó La República en su columna del 7 de agosto, el contraste entre la fecha y la postura oficial ilustra la tensión entre memoria institucional y relato de gobierno.