El presidente Gustavo Petro calificó la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga como “una de las más hermosas de América Latina”. La frase, pronunciada durante la inauguración de los primeros módulos del campus el 15 de mayo, resume una tensión que atraviesa buena parte de la gestión pública en Colombia: ¿cuándo una obra de infraestructura educativa es efectivamente un logro del Estado y cuándo se convierte en pieza de un relato electoral?
La pregunta no es retórica. La obra en cuestión representa una inversión superior a los 105 mil millones de pesos, financiada mayoritariamente por el Ministerio de Educación Nacional (55 mil millones), con aportes de la Gobernación de Santander, la estampilla Pro UIS y recursos propios de la universidad. La construcción comenzó en diciembre de 2023 y ya tiene cinco de sus siete módulos operativos. Los últimos dos estarán listos en junio de 2026, justo antes del cierre del mandato presidencial. El propio Petro lo anticipó: “Será como la despedida aquí en esta región”.
No hay nada intrínsecamente reprochable en que un gobierno entregue obras al final de su periodo. Es, de hecho, lo esperable: los proyectos de infraestructura tardan años en ejecutarse y la continuidad administrativa —cuando existe— permite que sean terminados por quien los inició o por quien los heredó. El problema no está en la entrega, sino en el uso simbólico que se hace de ella. Cuando un mandatario describe una sede universitaria como “una joya que entregamos a Santander”, el verbo conjugado en primera persona del plural no es inocente. No se trata de “el Estado entrega”, sino de “nosotros entregamos”. La obra pública se personaliza, se vuelve atributo del gobierno en funciones, y el crédito político se reclama con la misma naturalidad con que se corta una cinta inaugural.
La UIS en Málaga es, sin duda, una apuesta relevante. La provincia de García Rovira, históricamente alejada de los centros universitarios, gana acceso a educación superior de calidad. El campus, según el presidente, funciona como “atractor de juventud” para estudiantes de distintas regiones. La arquitectura integrada al entorno natural —si las imágenes oficiales no mienten— sugiere que hubo criterio en el diseño. Todo esto es positivo. Pero el elogio desmedido, la promesa de premios internacionales de arquitectura, la insistencia en la belleza superlativa, revelan algo más: la necesidad de convertir la obra en narrativa heroica.
Aquí vale recordar una lección de la filosofía política liberal: las instituciones fuertes no necesitan héroes. La educación pública funciona cuando el Estado invierte de manera sostenida, cuando las universidades tienen autonomía para ejecutar recursos, cuando las regiones cofinancian proyectos sin esperar reconocimiento personal. La obra de Málaga es resultado de esa articulación: Nación, departamento, estampilla, universidad. Ninguno de esos actores es prescindible. Sin embargo, en el discurso presidencial, la obra se vuelve “joya” entregada por un gobierno, no infraestructura construida por el Estado.
La tentación de personalizar el mérito es comprensible en democracias donde los gobiernos buscan legitimidad a través de obras visibles. Pero tiene costos. El primero es la erosión de la memoria institucional: si cada administración se atribuye como propia la infraestructura que entrega, se borra el trabajo acumulado de décadas. El segundo es la instrumentalización electoral: la obra se convierte en argumento de campaña, en promesa cumplida que debe traducirse en votos. El tercero, quizá el más grave, es la distorsión de prioridades: se priorizan proyectos con alto impacto simbólico sobre aquellos con mayor impacto social, porque lo que cuenta es la foto, no necesariamente el resultado.
No se trata de negar el mérito cuando existe. La inversión en educación superior en regiones apartadas es una política acertada, y este gobierno ha continuado —no sin tropiezos— una línea de expansión universitaria que viene de administraciones anteriores. Pero reconocer el acierto no obliga a celebrar el exceso retórico. Decir que una sede es “la más hermosa de América Latina” sin criterio de comparación, prometer premios internacionales sin jurado a la vista, hablar de “despedida” en una región como si la obra fuera regalo personal y no obligación del Estado, todo eso convierte la política pública en espectáculo.
La pregunta que queda es si los colombianos hemos aprendido a distinguir entre la obra y el relato. Si somos capaces de valorar la infraestructura educativa sin confundirla con la generosidad de un gobierno. Si entendemos que el Estado no “regala” campus universitarios: los construye con recursos de todos, para beneficio de todos, y la única despedida que corresponde es la del funcionario que cumplió su deber sin pedir aplauso. Málaga tiene su sede. Eso es lo importante. El resto es ruido electoral.