La Defensoría del Pueblo, en voz de Iris Marín, reportó 40 eventos de presión a votantes detectados en las últimas semanas, concentrados en Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. La funcionaria describió, según El Colombiano, un patrón que incluye imposición de orientaciones de voto, prohibición de apoyar candidaturas, convocatorias obligatorias bajo amenaza y mecanismos de verificación cruzada entre censos comunitarios y resultados de las urnas. Carnetización, exigencia del certificado electoral para transitar y retaliaciones colectivas forman parte del mismo manual, de acuerdo con el reporte de la Defensoría.
El Colombiano documentó esta semana uno de esos casos. El frente 36 de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, comandado por Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, habría distribuido por WhatsApp un mensaje a líderes comunitarios de Angostura y Campamento, en el Norte antioqueño. El texto, según la publicación, comunica dos órdenes: exigir el certificado electoral del 21 de junio bajo amenaza de “sanción” y prohibir el proselitismo a favor de la “ultraderecha”. Si lo descrito por El Colombiano corresponde a la tipificación penal del constreñimiento al sufragante, corresponde a la Fiscalía abrir noticia criminal individualizada.
En Caquetá, el gobernador Luis Francisco Ruiz denunció que la misma estructura exige a los ciudadanos fotografías del tarjetón marcado y ha pedido a iglesias cristianas listados de feligreses, según reportó El Colombiano. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, visitó la zona acompañado de delegados de la Fuerza Pública, como informó el mismo medio. La presencia del primer mandatario departamental confirma la gravedad institucional: la gobernación no se desplaza al norte para una rueda de prensa.
La Defensoría añadió un dato preocupante sobre el escenario urbano. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, registró 431 nuevos casos de violencia contra candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, con mayor peso en estigmatización (55%), difamación (17,6%), lenguaje ofensivo (12,3%) y violencias por discriminación y racismo (9%), según cifras citadas por El Colombiano. Marín mencionó la violencia verbal y mediática en campañas. Conviene separar los planos: una cosa es la coacción armada en zonas rurales donde el Estado ha fracasado durante décadas, y otra, muy distinta, es el lenguaje agresivo en plazas públicas y redes. Pero ambas erosionan la misma convicción: que el voto del 21 de junio será libre.
En términos institucionales, la MOE y la Misión de Observación Internacional ya están desplegadas. La Registraduría debe publicar antes del domingo los protocolos de protección al elector en los municipios identificados, y la Fiscalía tiene la obligación de abrir noticias criminales individualizadas por cada uno de los 40 reportes, no un expediente agregado. Si la presión se documenta y no se judicializa, la advertencia habrá sido retórica.
El centro del problema es estructural. Las disidencias operan en territorios donde la fuerza pública no garantizó presencia permanente, donde la justicia local es prescindible y donde la economía ilegal sustituye al Estado. La segunda vuelta no puede normalizar esa realidad. Un país que acepta que en 40 puntos del mapa se vota bajo coacción está aceptando que la democracia es un formulario que se firma cada cuatro años en las cabeceras municipales mientras en las veredas se decide con otro tipo de presión.
El domingo se vota. La pregunta es si se vota en libertad.