La Alcaldía de Cúcuta ejecuta un plan de expansión de alumbrado público por 25.932 millones de pesos, según reportó La Opinión de esa ciudad (laopinion.co). El convenio fue suscrito en septiembre de 2025 con el Consorcio SJC, contempla un plazo de 24 meses y seis frentes de trabajo, e incluye la instalación de 1.622 postes, 119 kilómetros de redes, 12 transformadores y miles de luminarias.
A casi diez meses de firmado, el consorcio reporta —siempre según La Opinión— un avance global del 16,84%, equivalente a 4.368 millones de pesos. El frente con mayor ejecución es el de asentamientos, con 71% y 29 de 36 sectores priorizados intervenidos. Las zonas de parques y canchas registran 18%, la expansión en barrios 20%, el cambio de luminarias 4% y la reposición de infraestructura deteriorada 5%. El anillo vial occidental permanece en cero a la espera de un permiso de ocupación de vía ante el Invías.
La primera pregunta que surge es elemental: ¿dónde está publicado el contrato? Un convenio de 25.932 millones de pesos con un plazo de ejecución de dos años debería estar visible en Secop II con su CDP, su RP, sus garantías, su supervisor y su interventoría. La opacidad no es un defecto menor: es el insumo básico para que la ciudadanía, la Contraloría y la Procuraduría puedan verificar la legalidad del gasto. Si la información solo fluye a través de comunicados del contratista, el control ciudadano queda seriamente debilitado.
El segundo punto sensible es la priorización. El gerente del consorcio, Armando Neira, explicó —atribuido por La Opinión— que las prioridades fueron definidas por la Alcaldía y que por eso los esfuerzos se concentraron en asentamientos. Esa declaración plantea una duda razonable: ¿con qué criterios técnicos y sociales se seleccionaron los 36 asentamientos intervenidos? ¿Intervino el Comité de Priorizaciones de que trata el Decreto 2424 de 2006, que regula la prestación del servicio de alumbrado público? ¿Hubo un estudio de seguridad que justificara el orden de las obras o se atendió una agenda política?
El tercer frente que merece seguimiento es el del vandalismo. El jefe de proyectos del consorcio, Gabriel Ramírez Bayona, admitió —según La Opinión— que en parques donde aún no concluyen las obras ya se registran daños en cajas eléctricas y acometidas, con el consecuente sobrecosto. Si el hurto y el daño a la infraestructura están previstos como riesgo contractual, debería existir una matriz con cuantificación de pérdidas y un plan de mitigación verificable. De lo contrario, cada peso hurtado se convierte en un sobrecosto que termina asumiendo el municipio o, en el peor escenario, la propia comunidad a través de tarifas más altas.
La intervención del Invías en el anillo vial occidental introduce una variable adicional. La solicitud de permiso de ocupación ya fue radicada por el consorcio, según la información publicada por La Opinión, pero no hay plazos claros. En contratos de obra pública, los cuellos de botella con autoridades nacionales deberían estar identificados desde la estructuración, no descubiertos durante la ejecución. Cuando un frente entero depende de un tercero, la ausencia de un plan de contingencia es una señal de alerta sobre la madurez de la planeación.
Finalmente, el llamado a la Policía y a la comunidad para proteger la infraestructura es comprensible, pero insuficiente. La seguridad de los activos públicos corresponde al Estado. Si la Alcaldía no coordina con la fuerza pública un esquema de vigilancia específico para las obras en curso, el riesgo de deterioro se traslada al contratista y, eventualmente, a la calidad del servicio que recibirán los cucuteños.
El plan de expansión puede ser una buena noticia para Cúcuta. Pero una buena noticia solo se convierte en buena obra cuando se puede fiscalizar.